Usted está aquí: miércoles 10 de diciembre de 2008 Estados Ordenan devolver a un narco un hospital en Ciudad Juárez

■ Determina tribunal que el inmueble es propiedad de el Greñas

Ordenan devolver a un narco un hospital en Ciudad Juárez

Rubén Villalpando (Corresponsal)

Ciudad Juárez, Chih., 9 de diciembre. El cuarto tribunal colegiado de circuito, con sede en Ciudad Juárez, ordenó al gobierno estatal restituir el edificio donde funcionan el Hospital de la Mujer, un estacionamiento y consultorios a Gilberto Lucero Ontiveros, alias el Greñas, quien estuvo preso durante 17 años por narcotráfico en el penal de alta seguridad de La Palma, en Almoloya, estado de México, informó el abogado Héctor Villasana Rosales.

La sentencia fue resultado de un amparo directo en contra de un decreto expropiatorio emitido en 1990 por el entonces gobernador Fernando Baeza Meléndez, cuya administración no pagó por el inmueble.

De acuerdo con Héctor Villasana, el gobierno estatal tiene 24 horas para restituir el inmueble. Además, consideró que la Ley Estatal de Expropiación es inconstitucional, pues no prevé garantía de audiencia ni indemnización en caso de expropiación por parte del estado.

Tampoco se acreditó la causa de utilidad pública que exige la ley para la expropiación del edificio, que “tiene un valor actual de al menos 80 millones de pesos”, sostuvo Villasana Rosales.

“Todas las partes han sido notificadas legalmente, y el gobierno del estado debe dar cumplimiento a la sentencia de amparo y restituirnos; de lo contrario se iniciará un juicio para exigir el cumplimiento de la resolución”.

Según el abogado, “la expropiación fue un capricho político del ex gobernador Fernando Baeza, quien violó todos los procedimientos legales para hacerse del terreno con fines absolutamente políticos”.

Fuentes de los Servicios de Salud locales señalaron que el Hospital de la Mujer atiende a un promedio mensual de 3 mil personas, a las que ofrece atención médica.

Más amparos

A principios de 2008 Gilberto Ontiveros se amparó contra una orden de aprehensión temporal para evitar ser deportado a Estados Unidos, donde la Agencia de Combate a las Drogas (DEA) lo requiere por delitos contra la salud y secuestro, a partir de denuncias radicadas en El Paso, Texas.

Además, la DEA reclama a los principales operadores del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Leyva y Juan José González Esparragoza, alias el Azul. La corporación ofrece recompensas de cinco millones de dólares por cada uno.

Por lo pronto, la DEA emitió una alerta para localizar a Gilberto Ontiveros, buscado por la justicia estadunidense y acusado de introducir a ese país una cantidad no especificada de mariguana y cocaína.

Según la DEA, el Greñas “está identificado como uno de los narcotraficantes más activos de la región”; además, se le vincula con el secuestro del estadunidense Terence Poppa, fotógrafo del periódico El Paso Times, perpetrado en Ciudad Juárez en 1986.

La solicitud de amparo para el Greñas fue presentada en la ciudad de Chihuahua ante el juez tercero de distrito, José Alberto Arriaga Farías. Su abogado busca impedir que elementos de la Agencia Federal de Investigación, militares, la Policía Federal Preventiva y otras corporaciones locales, estatales o federales lo detengan con fines de extradición.

El juez federal recibió la petición de amparo luego que un tribunal de Ciudad Juárez ordenó a el Greñas acudir a una audiencia relacionada con otra solicitud que presentó para exigir al gobierno de Chihuahua que le pague casi 80 millones de pesos por el edificio donde se encuentra el Hospital de la Mujer. En esa propiedad estaba construyendo el hotel Palacio del César, que le expropiaron el 31 de mayo de 1987.

Ontiveros Lucero reclamó indemnización en agosto de 2007 por el inmueble, construido en una superficie de 12 mil 500 metros cuadrados de dos terrenos de 8 mil metros cada uno.

El edificio está en una de las zonas comerciales de más alta plusvalía de Ciudad Juárez. El Greñas afirma que sus propiedades le fueron expropiadas, no decomisadas, y por ello se le deben pagar a su costo, como indica la ley.

 
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