■ Admite la titular de la SRE que el país enfrenta rezagos en materia de derechos humanos
México intenta limitar el acceso a la justicia a víctimas de abuso: ONG
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, señaló ayer que en México todavía hay “rezagos por superar” en el cumplimiento de los derechos humanos y dijo que el país está abierto al escrutinio de la comunidad internacional.
La funcionaria habló en el contexto de la apertura del 37 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que la presidenta de ese organismo, Cecilia Medina Quiroga, planteó que no han llegado aún a esta instancia denuncias por violaciones a las garantías básicas en las tareas que se llevan a cabo en la lucha contra el narcotráfico en México.
Planteó que esta Corte sólo examina los casos que le llegan por la comisión y no ha recibido ningún asunto de este tipo, y que sólo tienen pendiente el “caso de Juárez”, al referirse a la denuncia presentada por los homicidios de mujeres en un campo algodonero de esa ciudad, la cual se está tramitando y aún no se ha llevado a cabo la audiencia correspondiente.
En este foro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, hizo ver que durante este periodo extraordinario la Corte Interamericana se ocupará de dos asuntos que interesan al sistema de impartición de justicia de México y que son el de las intervenciones y monitoreos ilegales de líneas telefónicas privadas que se llevan a cabo en el país, y el caso de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
En este foro, que por primera vez se lleva a cabo en México, la presidenta de la Corte destacó que el país ha sido pionero en materia de derechos humanos y que el establecimiento del recurso de amparo ha sido un importante aporte mexicano a la cultura jurídica continental. Agregó que a casi tres décadas de su instalación, la CIDH ha emitido 187 sentencias que resuelven 103 casos contenciosos, emitido 19 opiniones consultivas y decenas de medidas provisionales de protección.
Por la tarde, varias organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (CMDDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dieron a conocer su postura respecto de las audiencias de la CIDH que se llevan a cabo en México.
Humberto Guerrero, del CMDDH y Vanessa Coria, del Cejil, denunciaron que varios estados, incluyendo el mexicano, han presentado propuestas para reformar a la CIDH y limitar con ello el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Puntualizaron que México propuso que la Corte no decrete reparaciones o indemnizaciones económicas muy elevadas para las víctimas de este tipo de violaciones, aludiendo que en la región hay estados pobres. Además, planteó el cierre de casos por el hecho de que haya transcurrido un lapso en el que no haya ningún movimiento en el proceso, lo que significa poner candados y debilitar el sistema para que las víctimas no obtengan la justicia internacional.