■ La lucha contra la inseguridad, factor de riesgo, destacan
El Estado, permisivo ante violación de derechos del sector femenino: ONG
En su informe Una mirada al feminicidio en México, 2007-2008, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF –integrado por 43 organizaciones civiles de 17 estados– sostiene que los cambios hechos por este gobierno en materia de seguridad nacional han tenido repercusiones en los derechos humanos de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, quienes han sido objeto de vejaciones y agresiones sexuales por militares”.
En el caso de los mil 14 homicidios ocurridos en 13 entidades –Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán y el Distrito Federal –dice el OCNF–, “se pudo constatar que el feminicidio es una problemática compleja que reúne varios factores para su existencia, como la discriminación hacia el sector y la naturalización de la violencia de género debido a una cultura patriarcal”.
Las ONG destacan en el estudio de referencia que para entender la “permisivilidad” del Estado, “como la acción u omisión respecto a las distintas violaciones a los derechos humanos, es preciso hablar de la violencia sistemática, como acciones que implican repetición de actos criminales en un periodo sobre un amplio grupo de personas, que provienen de agentes del Estado, de un grupo que tenga control sobre el territorio o libertad de movimiento”.
Estas acciones –señalan– atentan contra la vida, la libertad, el bienestar físico, la salud o la dignidad de las personas. “No se trata de violaciones de derechos humanos cometidas por un particular, una sola vez y hacia una sola víctima, sino de actos que implican un patrón de violencia contra un grupo específico, por cuestiones de raza, religión, género, origen étnico u orientación sexual”.
El OCNF subraya que en sentido estricto, la permisividad del Estado es la falta de cumplimiento de la obligación de debida diligencia de las autoridades, en este caso “abarca cuestiones relacionadas con el debido proceso, incluyendo dos principios, el de toda persona a ser oída y el del plazo razonable”.
Destacan que a pesar de que diversas instancias internacionales han realizado una serie de recomendaciones respecto de la coordinación y vinculación de las entidades federativas para el esclarecimiento de estos crímenes, “las propias autoridades reconocen que hay un número de mujeres asesinadas en calidad de desconocidas”, como prueba de ello “tenemos la declaración de Adriana Cabrera Santana, fiscal especial para la Atención de Homicidios Dolosos contra la Mujer en el estado de México, quien reportó que en 42 por ciento de los feminicidios ocurridos en esa entidad se desconoce la identidad de las víctimas”.