13 de noviembre de 2008     Número 14

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada


FOTO: Antonio Arango

Política de Estado, Con Planificación de largo plazo, exige Canainpesca

  • Pérdida de competitividad, dumping, sobre explotación, conflictos del sector

Lourdes Edith Rudiño

La pesca enfrenta problemas verdaderamente serios, que sólo podrán comenzar a resolverse con una política de Estado que ordene en principio una investigación sobre la disponibilidad de los recursos, de la biomasa, en los mares y en las aguas interiores, para así tener herramientas de planeación a cinco, 10 o 20 años y definir qué quiere el país de este sector, qué volúmenes se pueden capturar sustentablemente en cada especie y cuánta gente puede depender de él.

Y hace falta que el Ejecutivo dé instrucciones precisas a los funcionarios responsables para conducir a la pesca a las metas, con acciones tales como la vigilancia y control, que hoy no se ejercen adecuadamente pues cuando por ejemplo se dan mil permisos de pesca, en los hechos entran dos mil o cinco mil o más. La situación es crítica, si se considera que Alberto Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura (a cargo de pesca) no ha tenido siquiera tiempo para otorgar audiencia a los industriales pesqueros desde abril, “a pesar de que entonces nos prometió que nos reuniríamos cada cinco semanas”.

Rafael Ruiz Moreno, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), detalla los principales conflictos estructurales que enfrentan los agentes de este sector:

a) Una capacidad de captura limitada, debido a la sobre explotación de muchas especies, como el camarón rosado, la jaiba y la lisa, por parte de pequeñas lanchas que se multiplican sin vigilancia ni control y pescan en los lugares de reproducción y crecimiento de los peces (zonas lagunarias y estuarinas y los ríos y sus desembocaduras), rompiendo así los ciclos biológicos y depredando. Hay un serio conflicto de captura ilegal y de uso de artes prohibidas, como las charangas y los tapos que predominan en las lagunas.

b) El Ejecutivo tiene la responsabilidad constitucional de administrar los recursos naturales, pero está incapacitado pues requiere investigaciones científicas confiables, y el ente que debe realizarlas, el Instituto Nacional de la Pesca, “está atado de manos”, tiene una plantilla mínima de investigadores que se están jubilando y no se da entrada a jóvenes; está impedido de crear nuevas plazas. “En dos o tres años se va a quedar sin investigadores (...) Tiene un sindicato que lo limita para licitar investigaciones (...) Está muy rezagado, sin capacidad de respuesta para aplicar medidas de recomposición de políticas y manejo de los recursos”.

c) La industria, la pesca de altamar, se encuentra descapitalizada, con limitado acceso al financiamiento –pagando injustamente experiencias negativas de la banca de desarrollo (FIRA, Nafin) que ha perdido en créditos otorgados a comercializadores ajenos al sector pesquero pero que se dicen parte de él— y no está en condición de mejorar sus ingresos vía precios; lo debe hacer vía volumen, pero el problema es que la depredación limita las capturas. Con algunas excepciones, como la sardina que obedece a tendencias cíclicas, los precios de las diversas pesquerías están deprimidos, por sobreoferta. En el caso del camarón, los principales consumidores, los estadounidenses, han dejado de acudir a restaurantes por sus problemas fin ancieros, y con ello ha bajado su demanda en 30 o 40 por ciento.

d) Afectada por la carestía, la población mexicana ha bajado sus consumos de pescado, incluso del atún que es la proteína más barata y que ha estado presente en la dieta nacional de forma importante. “El país no tiene circulante y la gente está sustituyendo sus consumos por sopas Maruchan”.

e) Evaluaciones de la Canainpesca muestran que la pesca mexicana enfrenta rezagos competitivos frente al exterior, por razones tales como la falta de infraestructura. “No se ha hecho un muelle desde 1979 o 1980”. Se observa asimismo, en el caso del camarón, que producto de China y en general de Asia llega a los mercados mexicanos a precios bajos, debido a que tienen financiamiento y pagan tasas de interés bajas, cuentan con mayor infraestructura, costos de larvas más baratos, y adicionalmente ejercen dumping y utilizan químicos que hacen crecer a los camarones sin enfermedades pero que implican potenciales daños a la salud de los consumidores.

f) Los operadores de las aduanas no tienen la capacidad, conocimiento ni tecnología para detectar dumping o productos nocivos.

g) La flota atunera mexicana –que ha sobrevivido a pesar de ataques serios, como el añejo embargo atunero impuesto por Estados Unidos, el cual sigue vigente de facto— está amenazada porque compite por el recurso en mares internacionales con barcos, principalmente españoles, que usan dispositivos ilegales y capturan atunes juveniles, disminuyendo los volúmenes disponibles.

h) Hay problemas con las leyes. Por ejemplo con la Ley de Navegación que aplica normativas iguales a los barcos mercantes que a los pesqueros –con exceso de documentación y procedimientos engorrosos en cada arribo a los puertos—, a pesar de que los primeros entran y salen sólo cada cuatro o cinco meses, y los segundos pueden hacerlo cada 15 o 20 días. “Además de que nos tienen catalogados en el mismo renglón a los barcos de altamar y a las embarcaciones menores y nos cierran los puertos por cualquier viento, lo cual nos resta competitividad. (...) Estamos pidiendo cambios a la ley desde hace 25 años”.

i) La actividad de PEMEX en el Golfo de México ocurre desplazando a la pesca y contaminando la región, a tal grado que la captura de camarón rosado en Campeche sumó 22 mil toneladas en 1983 y hoy apenas llega a dos mil 200, mientras que en el mismo golfo, al norte, la actividad petrolera de Estados Unidos, mucho más intensa que la mexicana, tiene mecanismos de concertación con su industria pesquera que permiten una captura sana de altamar. Los barcos de altura de EU pescan 150 mil libras de camarón descabezado, contra 60 o 70 mil de los mexicanos.

j) Los precios de los insumos están fuera de lo aceptable. La industria paga 4.84 pesos por diesel, que es su principal costo de operación, y “para que sigamos pescando, para que no paremos, requerimos un precios de 3.50 pesos”. Ésta es la demanda de subsidios que hace la Canainpesca a la Secretaría de Agricultura.

Rafael Ruiz considera que el gobierno federal debe sentarse a dialogar con los agentes de la pesca “y darle la importancia que merece esta actividad, que tiene gran potencial, que tiene tanto litoral, tanto recurso, y que debe fortalecerse para ejercer así la soberanía del mar. No quisiera que en un momento dejáramos de pescar algo y que otro país pida permiso para hacerlo”.

Territorialidad en Disputa:
La pesca Ribereña en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Sofía Medellín y Mauricio González

La dimensión del mar deja una sensación de inmensidad que dificulta imaginar cómo, en él, diversas prácticas y simbolismos configuran territorialidades particulares. Dadas sus cualidades naturales y los aprovechamientos que en él se practican, esta territorialidad se construye con base en numerosos componentes y multiplicidad de actores, haciendo de sus fronteras líneas borrosas y permeables en constante cambio y tensión constante. Una breve mirada a uno de los actores que aquí nos interesa, los pescadores ribereños, devela parte de la complejidad de estos territorios: en el mar es posible delimitar áreas, constatar corrientes y aprovechar sitios que varían por temporadas, que fluctúan día con día e implican usos y regulaciones que dan forma a los aprovechamientos y al propio territorio acuático. Por ejemplo, las regulaciones pueden estar dadas por las temporadas de veda que los propios pescadores se imponen cuando alguna especie pesquera es aún juvenil, como sucede en la ribera baja del río Palizada, Campeche, o delimitar zonas de pesca femenina en partes bajas del Canal del Infiernillo, como hacen los seris en Sonora.

No obstante, muchas veces esos usos, marcados por la presión del mercado y la creciente competencia en el esfuerzo pesquero, generan prácticas extractivas que ponen en riesgo a ciertas especies y con ellas al conjunto de los ecosistemas marinos. Una respuesta del Estado a este problema han sido las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que, nutriendo aún más la complejidad y disputa por la territorialidad pesquera, declaran como zonas de protección especial ciertos espacios en los que prescriben y prohíben diferentes prácticas, afectando directamente la actividad de los pescadores ribereños. En muchos de los casos las prohibiciones han resultado en un ejercicio interesante para la protección de especies en peligro de extinción; en otros, son la punta de lanza de la coerción del Estado hacia sectores empobrecidos, o peor aún, muchas veces detonadores de conflictos sociales, como en el caso de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, donde se ha prohibido pescar en su territorio al pueblo cucapá, pues forma parte de la zona núcleo de dicha reserva, promoviendo confrontaciones no sólo de este pueblo con los aparatos conservacionistas del Estado, sino al interior de los propios cucapá.

Efectos contraproducentes. En muchas ocasiones los efectos de un ANP se hacen presentes desde la misma declaración de zona de protección especial, generando un movimiento inverso al promovido por dicha figura: donde hay ANP hay riqueza de recursos naturales, por lo que el otro lado de la moneda de la prohibición, es decir, el apetito, se vuelca sobre dichas zonas, desatando extracciones furtivas y consolidando mercados negros, como el de pepino de mar en el Mar de Cortés, especie protegida en peligro de extinción pero comercialmente muy rentable.

El problema de aprovechamientos pesqueros sustentables es sumamente complejo, pero no garantizar la apropiación de las ANP, en el amplio sentido de la palabra, por parte de la población local es auto sabotaje. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas contempla dentro de sus mecanismos de operación la participación de la población en diferentes dispositivos, como en diagnósticos participativos, consultas o consejos asesores; sin embargo, en este contexto, dichos mecanismos revelan parte de sus límites: la participación de la población se hace a la manera de quien la promueve y hasta donde el promotor quiere o puede, dejando de lado muchas demandas que no son competencia de la institución que los impulsa. La territorialidad del mar está en disputa, pero también lo está la oportunidad de producir nuevas formas de participación, unas cada vez más radicales y articuladas con las normatividades locales, unas donde la protección especial se ejerza desde las comunidades, desde abajo.

Acuacultura, agroindustria y la pesca ribereña del sur de Sonora

M. Gabriel Hernández García

Las comunidades de pescadores ribereños asentadas históricamente en la costa sur de Sonora, y habitadas en su mayoría por miembros de la tribu mayo o yoreme, enfrentan actualmente las consecuencias adversas de dos modelos de producción impuestos en los recientes 60 años por el Estado y por las élites económicas:

1) A partir de los 40s, las políticas de canalización, desmonte e irrigación convirtieron a los valles del Yaqui y del Mayo en dos enclaves estratégicos para la consolidación del modelo agrícola inspirado en la Revolución Verde. Miles de hectáreas de desierto costero fueron devastadas para dar paso a cultivos comerciales como algodón, trigo, sorgo y cártamo, entre otros. En los municipios de Cajeme, Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo se construyeron sistemas de drenes que empezaron a desplazar aguas residuales con altos contenidos de agrotóxicos hacia mar abierto, bahías, esteros y ensenadas. La contaminación de cuerpos de agua terminó por provocar el descenso de importantes volúmenes de biomasa acuática y de diversas especies como las tortugas marinas y la totoaba. Los ecosistemas costeros pronto se vieron afectados, impactando sargazos y pastos marinos. Por otro lado, bahías importantes para la productividad pesquera como Yavaros, Agiabampo y El Tóbari empezaron a azolvarse, debido a las miles de toneladas de tierra y otros sedimentos que fueron arrastrados por los drenes.

2) Hacia mediados de los 90s, el aumento en la demanda internacional de productos marinos como el camarón indujo a empresarios a invertir en la construcción de granjas camaronícolas. Los últimos reductos de vegetación terrestre colindante con las zonas de litoral fueron desmontados para dar paso a estanques destinados a la reproducción y engorda de camarón en cautiverio. Grandes extensiones de manglar fueron devastados y en los “canales de salida” se empezaron a verter, una vez más, aguas residuales con una importante presencia de sustancias agresivas a los ecosistemas costeros, como la calhidra.

Pérdida de especies. En conjunto, estos modelos productivos provocaron el descenso de la productividad en la pesquera ribereña, que ha sido notable en los 15 años pasados. Muchas especies prácticamente se han dejado de ver en la región, como el jurel, el pargo y la sierra. Para capturarlas, los pescadores tienen que desplazarse a zonas más alejadas y de mayor profundidad marina, incrementándose la inversión en combustibles. Sin embargo, no todos tienen acceso a motores y embarcaciones propias para realizar este tipo de incursiones. Esto se ha traducido en una diferenciación social asimétrica entre quienes tienen acceso a créditos para adquirir equipos de pesca adecuados a las nuevas condiciones y quienes carecen de recursos. Aunque con excepciones, los primeros suelen ser los “guateros” (coyotes o intermediarios) yoris (blancos) y los segundos, los pescadores yoreme. Ahora sólo pueden vivir entre agosto y octubre de la pesca, en los tiempos de la “zafra” de camarón. El resto del año, las vedas administrativas y ecosistémicas les obligan a buscar nuevas estrategias de sobrevivencia.

Muchos pescadores libres y representantes de cooperativas coinciden en señalar que se están enfrentando a condiciones inéditas: ante una situación de empobrecimiento acelerado, ahora deben alternar la pesca con el trabajo como jornaleros agrícolas. Algunos otros han tenido que empezar a experimentar el fenómeno de la migración nacional y trasnacional.

Pátzcuaro: Simbolismo y declive de una actividad tradicional

Eduardo López Ramírez y Sergio Vargas Velázquez


FOTO: Julio Márquez

La pesca es una actividad productiva y simbólica en el lago de Pátzcuaro, que se realiza desde hace más de dos milenios. Los pueblos donde se concentran los pescadores todavía conservan su identidad cultural, el conocimiento tradicional del lago y de las prácticas y técnicas que mejor se adaptan a su ecosistema lacustre. Sin embargo, el deterioro ambiental está unido inexorablemente a un declive de su economía y de su organización comunitaria.

El lago de Pátzcuaro se encuentra a dos mil metros de altura, en la parte más elevada de la cordillera neovolcánica de Michoacán. Se asienta en unas 10 mil 737 hectáreas y, debido a que es una cuenca cerrada, su existencia depende de la lluvia anual.

La expansión demográfica y la diversificación de actividades, así como diversos proyectos de desarrollo regional, generaron numerosas consecuencias contraproducentes. Durante los 25 años pasados fenómenos como la deforestación, la expansión de la frontera agrícola, la erosión, el azolve del lago, la proliferación de maleza acuática y la contaminación por descargas residuales han deteriorado el lago y han afectado las pesquerías. El lago sigue perdiendo profundidad por la continua llegada de azolves; islas como Jarácuaro han dejado de serlo y puede ocurrir lo mismo con Janitzio. También está el deterioro de la calidad del agua, como resultado de la pobre infraestructura que deriva directamente el agua residual al lago.

El tipo de pesca que se realiza es tradicional y de ella depende directa o indirectamente la economía de buena parte de los habitantes de la zona. Existen 14 especies de peces, diez de las cuales son nativas y cuatro introducidas. Una acción que ha tenido un enorme impacto negativo fue la introducción de especies exóticas. Todavía hace poco se seguía promoviendo la introducción de la carpa, a pesar de que es de bajo precio, cinco pesos el kilo actualmente, y genera enturbiamiento del agua y efectos negativos sobre las especies nativas como el pescado blanco, que es de alto valor comercial (200 pesos el kilo).

La pesca es artesanal, por las artes de pesca utilizadas y por las características y destino de los productos capturados. Los pescadores del lago utilizan chinchorros, redes agalleras y mariposas: las simbólicas warómutakuecha. Permitir que los fotografíen con estas artes les resulta más rentable que usarlas en la pesca.

Para frenar el deterioro del lago y de las pesquerías, se empezó a regular el uso de las artes de pesca. En abril de 1998 el gobierno federal decretó una veda temporal para la captura de todas las especies de peces y anfibios en el lago, del uno de marzo al 31 de mayo de cada año. Para los pescadores esta disposición pasó inadvertida. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició entonces inspecciones para hacer cumplir la veda y decomisó redes prohibidas. Entre ese año y 2007 se observó un mal manejo de la relación de la Profepa con los pescadores, la percepción de éstos de que son engañados, enfrentamientos y detenciones. La conclusión es que el lago sigue deteriorándose y, con él, la identidad y organización comunitaria de los pescadores tradicionales.

Redes de reservas: Estrategia para recuperar riquezas marinas

Andrea Sáenz-Arroyo

¿Alguien recuerda el recurso que inspiró el establecimiento de la mayor parte de los pueblos en Baja California?; fueron las ostras perleras, una especie muy rara de la que hoy sabemos muy poco. Documentos históricos indican que los bancos o placeres perleros del Golfo de California sostuvieron una explotación por más de tres siglos. Informes de increíbles abundancias costeras eran seguidos años después por reportes de colapsos y viceversa, lo cual ilustra la capacidad del recurso de recuperarse en forma natural. Sin embargo, en 1874 dos buzos, un Italiano y un alemán, trajeron al puerto de La Paz las primeras escafandras, que les permitieron el acceso a los bancos profundos. Cincuenta años después la pesquería de perlas colapsó y jamás se pudo recuperar.

Áreas protegidas. Aunque algunas especies como las ostras perleras requieren de esfuerzos complejos y costosos como el repoblamiento o la reintroducción, muchas otras están aún en posibilidad de ser recuperadas en forma “natural” por medio del establecimiento de Áreas Marinas Completamente Protegidas o Reservas de No Pesca. Éstas se colocan en sitios dentro del área pesquera y su funcionamiento se basa en preceptos muy simples: si dejamos que se recuperen las especies dentro de la reserva, crecerán más grandes y producirán más huevecillos que serán exportados a los sitios pesqueros, y siempre habrá una población o semillero que permita a las especies recuperarse en forma natural después de un colapso.

Existen algunos ejemplos en el mundo que han demostrado que hacer una “red” de estos sitios de protección dentro de las zonas de pesca permite recuperar las poblaciones dentro y fuera de las reservas. Un caso es el de pescadores de almeja negra de las islas Fiji, en el Indopacífico que decidieron cerrar más de 30 por ciento de su territorio y en tan sólo cuatros años, observaron 13 veces más almejas en los sitios cerrados y cinco veces más en los abiertos a la pesca.


ILUSTRACIÓN: V. Suteiev

El interés del pueblo. En el Golfo de California apenas comenzamos a desarrollar estas reservas como parte de algunas estrategias de manejo pesquero. Ejemplos se encuentran en el Parque Nacional Cabo Pulmo, en el Parque Nacional Bahía de Loreto, en la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir o en la Isla Natividad. En todos estos sitios las comunidades han puesto en marcha sistemas de áreas de reservas para evaluar si son económicamente viables y si pueden ayudar a recuperar la riqueza que solían tener los mares. Lo interesante de todas estas estrategias es que es la propia comunidad la que ha decidido emprender la marcha para restaurar sus ecosistemas.

El camino para que este instrumento funcione es aún muy largo pero está lleno de esperanzas. Los estudios indican que para que los sistemas de refugios realmente funcionen es necesario establecer hasta 40 por ciento del área como zona de reserva. Es obvio que se necesita compensar a los usuarios de alguna forma para no cargar el costo de la conservación a la gente más necesitada. Sin embargo, la globalización de los mercados representa una oportunidad para que sociedades más ricas puedan compensar localmente a los pescadores por medio de instrumentos interesantes como el pago por servicios ambientales.

El camino es largo pero, como dice el refrán, “al mal paso, darle prisa”, así que más vale generar pronto refugios antes de que muchas otras especies sufran colapsos como el experimentado por la madre perla, y que su recuperación natural sea prácticamente imposible.

Para mayor información sobre el uso de reservas completamente protegidas como instrumento de restauración ecológica, ver www.cobi.org.mx