Usted está aquí: jueves 13 de noviembre de 2008 Economía Consecuencias de la crisis financiera

Orlando Delgado Selley
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Consecuencias de la crisis financiera

Una de las derivaciones inmediatas de la crisis financiera está en la discusión sobre el manejo privado de los fondos de pensiones. Las reformas neoliberales plantearon urbi et orbi que los recursos que se les descontaban de su salario a cada persona para el fondo de pensiones tenían que privatizarse, con el fin de darle profundidad al sistema financiero. Bajo el sistema pensionario anterior, el sistema solidario, las retenciones de los trabajadores de hoy pagaban las pensiones de los de ayer y, del mismo modo, las de los trabajadores de mañana pagarían las de hoy, lo que implicaba que esos recursos no se ahorraban, no podían invertirse, ni ampliar el ámbito de operación del sistema financiero.

Había, por supuesto, varios razonamientos que sostenían esta tesis. Pero el de fondo era que esos recursos, por su propia naturaleza de largo plazo, eran básicos para incrementar el ahorro financiero de la economía, ampliar el horizonte de los instrumentos financieros disponibles para los inversionistas y reducir la dependencia de financiamiento externo. Aprovechando la crisis fiscal de los estados nacionales de la década del 70 y la crisis de endeudamiento de los 80, los organismos financieros internacionales, el FMI y el Banco Mundial, promovieron el abandono del régimen solidario y su sustitución por un régimen de capitalización individual, operado por empresas financieras privadas.

En un México proclive a las reformas de mercado en 1996 se modificó el régimen de pensionamiento de los trabajadores afiliados al IMSS, creándose las Afores: en otros países se llamaron de otro modo, como Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (AFPJ), pero se trata de lo mismo. Estas empresas estaban facultades para ofrecer a sus afiliados diferentes paquetes de inversión, con distintos rendimientos y riesgos. Estas sociedades de inversión, las Siefores, podían comprar distintos instrumentos financieros, entre ellos acciones de empresas y derivados.

El planteo era que, en el largo plazo, el rendimiento obtenido por los instrumentos financieros adquiridos pagaría los costos administrativos y permitiría que las pensiones individuales fuesen superiores a la que se hubiera obtenido en el régimen anterior. Sin embargo, podía haber minusvalías cuando el rendimiento de los instrumentos en los que se invirtieron los recursos de los afiliados fuera menor a los costos administrativos. Eso ha ocurrido este año. Una parte significativa de las aportaciones que los trabajadores y sus patrones han hecho a las Afores se han perdido por la caída en los rendimientos provocada por la crisis financiera.

Se ha argumentado que eso no es problema, ya que la mayor parte de las pensiones se exigirán dentro de 25 años. Lo cierto es que ha habido pérdidas. Por eso, el gobierno argentino decidió proponerle a su legislativo que los recursos de las administradoras argentinas de los fondos para el retiro fueran administrados exclusivamente por el gobierno argentino. El Congreso aprobó la propuesta gubernamental, estableciendo ciertos candados para evitar que esos recursos pudieran ser usados para otros fines.

La decisión es relevante, ya que revierte una de las reformas básicas de la liberalización financiera, ejerciendo la facultad que la ley le confiere para proteger a los afiliados a las administradoras privadas. Se termina con las onerosas comisiones que cobraban esas empresas que mermaban el capital de los futuros pensionados y que, como en el caso de los bancos de inversión estadunidenses, tenían altas utilidades, aunque sus afiliados vieran reducidos sus saldos.

El cambio es claro: el Estado recupera el control de los recursos de los fondos pensionarios, retirándolos de un mercado en el que se gana y se pierde, para volver a una ruta con un horizonte de certidumbre. Naturalmente, ello ha sido posible porque el gobierno argentino tiene el compromiso ineludible de mejorar la distribución del ingreso. No es el caso del gobierno mexicano, para quien las reformas financieras son intocables pese a su notoria ineficiencia.

 
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