■ No busca “sancionar la interrupción del embarazo”, asegura panista que impulsó la iniciativa
Aprueban diputados de Morelos ley para “garantizar derecho a la vida”
■ La reforma, retroceso en materia de despenalización del aborto y eutanasia, afirma perredista
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La diputada panista Martha Patricia Franco Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, presentó junto con el también panista Gilberto Alcalá Pineda la iniciativa de ley para garantizar la vida de todo ser humano desde la concepción. En la imagen, durante su lectura ante el pleno del Congreso local
Foto: Guillermo Luna/ La Jornada Morelos
Cuernavaca, Mor., 11 de noviembre. El Congreso de Morelos aprobó modificar el artículo 2 de la Constitución política del estado para garantizar la vida de todo ser humano desde la concepción, lo que fue interpretado por los perredistas –que votaron en contra– como una reforma que busca impedir el aborto incluso por las causales que permite el Código Penal local vigente, entre ellas la violación, cuando la vida de la madre está en peligro y por malformaciones congénitas.
La iniciativa, presentada por los panistas Martha Patricia Franco Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y Gilberto Alcalá Pineda, ex árbitro profesional de futbol, contó con 23 votos en favor, incluidos los de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Convergencia, y seis en contra.
El artículo 2 constitucional quedó así: “En el estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, y asegura a todos sus habitantes el goce de las garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución”.
La reforma, explicó Franco Gutiérrez, no tiene por objetivo “sancionar a la mujer” que interrumpa el embarazo, sino “salvaguardar el derecho a la vida”. Además, se le plantearán alternativas para que prevengan embarazos no deseados; “garantizar el derecho a la vida es desde la conciencia de tener relaciones con responsabilidad, en donde asumamos que tener relaciones sexuales nos puede llevar a la fecundación, lo que es un embarazo”.
El perredista Matía Quiroz Medina, secretario de la Comisión de Salud, intentó introducir una enmienda al artículo modificado para que se dejara claramente estipulado que se podrá aplicar el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación, por malformaciones congénitas o si está en riesgo la vida de la madre, pues de otro modo la aplicación del Código Penal será vulnerada por erróneas interpretaciones de la ley.
La iniciativa aprobada, dijo, no sólo cierra las puertas a avanzar en materia de despenalización del aborto, sino también a la eutanasia y, lejos de proteger la vida, representa poner en riesgo la vida de miles de mujeres, que habrán de recurrir a los abortos ilegales.
“Reforma contradictoria”
La reforma “es contradictoria a lo estipulado en la Constitución federal”, pues viola “el derecho a la libertad de la mujer de decidir la aplicación del Código Penal (que) en el artículo 119 permite en circunstancias especificas que a la mujer se le practique un aborto por ser necesario para la protección de su propia vida”, expuso en tribuna.
Cuando se publique esa modificación (se espera que en una semana), “quedará entrampado el Código Penal, pues la Constitución está por encima de éste”, advirtió.
Patricia Bedolla Zamora, de la Academia Morelense de Derechos Humanos, sostuvo que la reforma se contrapone con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el propio Congreso local, pues ahora el Poder Legislativo ejerce violencia institucional contra éstas al pretender obligarlas a tener un hijo no deseado producto de una violación, con malformaciones congénitas o perder la vida por un embarazo de alto riesgo, sostuvo.
Anunció que la academia esperará la decisión que tomen los ayuntamientos sobre la reforma, en su calidad de constituyente permanente, para interponer amparos conforme a lo que marcan la Constitución General de la República y los acuerdos internacionales.