■ Cuesta mil 314 millones de pesos al año el pago de profesores comisionados al SNTE
Detectan irregularidades por $37 mil millones en fondo educativo
■ Auditoría externa revela las anomalías; se trata de recursos entregados a autoridades estatales
■ Es una “sangría” que permite a gobernadores mantener “estabilidad artificial”, acusa diputado
La auditoría externa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que se entrega a los gobiernos estatales, detectó que de 203 mil 317 millones de pesos destinados para este año, 37 mil 174 millones se ejercieron de forma irregular –lo cual representa un uso “atípico” de 18.28 por ciento–, y el caso más evidente es el costo de mil 314 millones de pesos al año que representa el pago a 8 mil 110 profesores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Consultado al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, explicó que se trata de una “sangría” al gasto de educación básica, porque permite a los gobernadores un manejo discrecional de los fondos, lo que les ayuda a mantener una “estabilidad política artificial” con el SNTE.
El reporte –encargado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la firma RSM Bogarín, Erhard, Padilla, Alvarez y Martínez– refiere además que la dependencia no cuenta con un control preciso de las cifras de las matrículas de las escuelas públicas y el número de éstas; así, por ejemplo, entre los educandos registrados por la dependencia federal y los institutos estatales hay una diferencia de casi 900 mil, y de mas de 2 mil 200 planteles.
“Deficiencia administrativa”
Esto es, explicó Ortega, los gobernadores de todos los partidos “inflan la nómina y los planteles para exigir más recursos”, pero con los resultados de la auditoría “la SEP tendrá elementos para frenarlos y exhibir al SNTE, pero también la secretaría tiene el primer grado de responsabilidad, por su deficiencia administrativa”.
Refirió que, por ejemplo, el informe señala que la secretaría carece de procedimientos formales para la actualización de los catálogos de los centros de trabajo, y que el Sistema de Información de Estadística Continua no se ha actualizado desde su integración, hace 10 años. “Con ello se refleja parte de la falta de control de la dependencia en la educación básica.”
La auditoría refiere que no existe una normatividad que obligue a conciliar los datos reportados por los gobiernos de los estados a la SEP con los reales.
Así, en los tres niveles de la educación básica –prescolar, primaria y secundaria– se encontró que los gobiernos estatales informaron de una matrícula de 21 millones 736 mil 668 alumnos, pero los auditores sólo encontraron documentación comprobatoria de 20 millones 843 mil 193; de 194 mil 200 planteles, pero sólo se cotejó la existencia de 191 mil 973.
Al confrontar el número de plazas y horas autorizadas por las secretarías de Educación y de Hacienda con la nómina cubierta con recursos del FAEB en los estados, se encontró que nueve entidades no conocen los manuales de políticas y procedimientos respectivos.
En el desglose se señala, por ejemplo, que en Baja California Sur 254 personas están contratadas con cargo al FAEB y comisionadas a centros de trabajo, 61 de ellas al sindicato magisterial.
En Colima y Chiapas existe personal con plaza de docente que realiza actividades administrativas. En Guerrero no hay un control adecuado sobre las horas pagadas por nómina con cargo al FAEB, la cual además no se valida con la existencia real del personal.
Desglosa también anomalías en Jalisco, estado de México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
El análisis de plazas de la SEP y de los estados, salvo Durango, permitió constatar que en 27 entidades la nómina reporta más personal que el autorizado, en un promedio de 30 por ciento.
Uno de los puntos más conflictivos, que se refiere al personal comisionado al SNTE, también fue motivo de amplio análisis, y los auditores reportaron que ningún gobernador entregó completa la información solicitada al respecto: número, categoría, tipo de plaza, objeto de la comisión y vigencia.
Se trata, expresó Ortega, de actos evidentes de corrupción, pero que los gobiernos no pueden atacar porque en la mayoría de los casos los institutos estatales de educación se encuentran “a merced del SNTE, que impone a los secretarios, en una simbiosis patrón-directivo-cuadro magisterial. Existe una complicidad, un maridaje que le sale muy caro al país”.