■ El gobierno local pidió desincorporar terrenos para cederlos a empresa ferroviaria
En Michoacán se oponen a venta de una isla
■ Pescadores, ganaderos y ejidatarios reclaman posesión de 183 hectáreas de La Palma
Morelia, Mich., 1º de noviembre. Pescadores, ganaderos y ejidatarios del puerto de Lázaro Cárdenas interpusieron un amparo como terceros perjudicados luego que el gobierno del estado solicitó al Congreso local que desincorpore aproximadamente 183 hectáreas de la isla La Palma, ubicada en un ramal de la zona industrial de la isla de Cayacal, con el objetivo de venderlas a la empresa ferroviaria Kansas City. Los quejosos se consideran con derechos sobre el terreno y reclaman una indemnización en caso de que sea “cedido”.
Bulmaro Espino, Rabel Guzmán y Martín Funes, de la comisión de ejidatarios, pescadores y ganaderos, aseguraron que son propietarios de terrenos de la isla La Palma, porque si bien es cierto que en 1982 fueron expropiados y se les indemnizó, también es un hecho que ya pasaron más de cinco años y no fueron ocupados.
“Estamos en posesión de la tierra, la Ley Agraria, en sus artículos 97 y 48, nos ampara, porque dice que si los bienes expropiados para utilidad pública no fueron utilizados para los fines descritos en cinco años es violatorio al decreto y deberán reintegrarse los terrenos a los expropiados.”
Cabe señalar que el Fondo Nacional para el Desarrollo Portuario donó 628 hectáreas de la isla La Palma que no fueron utilizadas en el desarrollo industrial. De ahí que el pasado 13 de mayo el gobernador Leonel Godoy Rangel se reunió con representantes de la empresa Kansas City Southern de México, con quienes firmó un convenio mediante el cual esa compañía adquiere terrenos en la isla La Palma para la ubicación de su terminal intermodal, por un monto de 23 millones de dólares.
Recinto fiscalizado
Desde la administración estatal anterior se impulsa en esa zona industrial portuaria un recinto fiscalizado; es decir, una zona franca. El pasado 11 de febrero, tres días antes de que concluyera su administración, el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel inauguró el recinto fiscalizado. La zona franca autorizada por Hacienda en 2006 incluye 624 hectáreas, de las cuales, en una primera etapa, fueron inauguradas 102 hectáreas dentro de la isla La Palma, en el delta del río Balsas, que están totalmente urbanizadas.
La llamada zona franca del puerto cuenta con un régimen aduanero que permite la introducción de mercancías a territorio nacional, las cuales están exentas de los impuestos a la importación y tienen otras facilidades fiscales.
Fuera del área donde opera la zona franca funciona un taller de contenedores de la naviera Maersk Sealand, y en el otro extremo se dispone la segunda parte del parque de la pequeña y mediana industria, donde se construye la promotora integral del coco y la importadora de autos chinos del grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Se pretende que el recinto fiscalizado y el parque industrial alcancen su máxima operatividad en un plazo de cinco años, y generará empleo para más de 15 mil personas, lo que obliga a destinar un área de servicios complementarios, como hoteles y restaurantes, los cuales ya están previstos en el plan de desarrollo.
Esta semana, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Elvira Quezada, informó que la dependencia realiza estudios geológicos y jurídicos para determinar si es viable desincorporar la isla La Palma, como solicitó Godoy Rangel.
El dirigente estatal del PAN, Germán Tena Fernández, dijo no a la venta y pidió congruencia al PRD, ya que así como pugna por no privatizar Petróleos Mexicanos, también debería defender el territorio michoacano.
Elvira Quezada dijo que tiene toda la disposición de dialogar con el gobierno y el Congreso para analizar varios puntos de vista, porque cuando un lineamiento municipal o estatal es incorrecto se puede presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es mejor evitarlo.
El aval de la Semarnat es indispensable debido a los factores ambientales que estarían en riesgo por el uso de la isla para instalaciones ferroviarias.
Wilfrido Lázaro Medina, coordinador de la bancada priísta, dijo que tampoco está de acuerdo con la venta de esa isla, y que, en todo caso, se podría buscar una figura jurídica como la concesión, idea que comparten algunos diputados del blanquiazul.