■ “De ninguna manera se hostiga ni criminaliza la protesta social”, señala la dependencia
Gobernación: seguirán pesquisas sobre la desaparición de integrantes del EPR
La Secretaría de Gobernación (SG) afirmó que “de ninguna manera hostiga ni criminaliza la protesta social”, y reiteró que continuará con las investigaciones tanto de la desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), como de los responsables de los atentados contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), hechos ocurridos hace más de un año.
Sin ninguna razón aparente que motivara la difusión de un comunicado acerca del caso EPR, la dependencia señaló que el gobierno federal investiga y se encuentra comprometido con el esclarecimiento del paradero de los eperristas, vistos por última vez en mayo de 2007, en un hotel de la capital de Oaxaca.
De igual forma, en el boletín manifiesta que el gobierno federal ha “actuado oportunamente en el cumplimiento de su obligación de tender puentes de diálogo para la resolución de conflictos por la vía política”.
Respecto de la solicitud de ampliar el diálogo planteado por la comisión de mediación (cuyo objetivo es coadyuvar para esclarecer el caso de los eperristas desaparecidos), Gobernación precisó que la representación del gobierno federal espera reunirse a la brevedad con ese grupo.
La comisión de mediación, propuesta por el EPR, está integrada por personalidades que han hecho énfasis en la necesidad de que el gobierno federal dé señales claras acerca de su voluntad de investigar de manera exhaustiva el caso.
Como se recordará, el EPR reclama la aparición de sus compañeros; en julio de 2007 se adjudicó la autoría de las explosiones en ductos de Pemex como medida de presión para exigir al gobierno federal la presentación de sus compañeros.
Las autoridades gubernamentales, a su vez, han afirmado en diversas ocasiones –ayer lo reiteraron en su comunicado– que Reyes Amaya y Cruz Sánchez no están en su poder. Los únicos presuntos responsables de los hechos (dos policías ministeriales) fueron liberados con las reservas de ley por no encontrarse pruebas ministeriales que sustentaran su participación en los hechos.
Gobernación asegura que el operativo para la detención de los agentes mencionados estuvo a cargo de la policía federal, con el apoyo del Ejército, sólo para instalar un cordón de seguridad, de ahí que, insiste, “las fuerzas armadas no tomaron el edificio de la procuraduría de Oaxaca ni se apoderaron de documentación alguna, contrario a lo que se reportó en algunos medios impresos”.
Gobernación señala además que está dispuesta a impulsar “mecanismos concretos” que coadyuven a “una interlocución eficaz” entre las diversas instancias de gobierno y la comisión de mediación para contribuir “al pleno esclarecimiento del caso”.
En el documento, la dependencia hace un recuento del caso y asegura que “ha tomado nota y atendido los planteamientos” presentados por la comisión de mediación tanto en las conversaciones como en diversos documentos que ha hecho públicos, “reiterando así su interés y compromiso por esclarecer el caso” mediante un diálogo “serio y constructivo”, así como con la solución de los conflictos por la vía institucional, de la conciliación y los espacios políticos que nuestra sociedad ha creado para dirimir sus controversias.