Usted está aquí: miércoles 22 de octubre de 2008 Política Asesores del FAP respaldan el proyecto energético del Senado

■ Sin embargo piden que el movimiento en defensa del petróleo esté alerta

Asesores del FAP respaldan el proyecto energético del Senado

■ El resultado obtenido hasta ahora conjura el peligro privatizador, dicen

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El comité asesor del Frente Amplio Progresista (FAP) para la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer ayer en voz de Rolando Cordera y el embajador Jorge Eduardo Navarrete que “puede respaldarse plenamente” el proyecto legislativo que se perfila en el Senado de la República, aunque advirtieron que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, del que forman parte, se mantendrá alerta y en pie de lucha para frustrar los intentos privatizadores que pudieran manifestarse más adelante.

Después de un encuentro que sostuvieron en las oficinas de los senadores del PRD en Xicoténcatl, Cordera y Navarrete ofrecieron una conferencia de prensa en la que leyeron un comunicado en el que exponen que el complejo proceso de negociación que se llevó a cabo en las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, en torno a la reforma de Pemex, registró un vuelco a partir de la presentación de la iniciativa ciudadana por parte del FAP. Hasta el momento, detallaron, el proceso legislativo “ha desembocado en un resultado que conjura el peligro privatizador”.

En ese comunicado, que además de Cordera y Navarrete signan Javier Jiménez Espriú, Ifigenia Martínez, Octavio Cortés Gutiérrez, Alberto Montoya, Carlos Tello y Gregorio Vidal, los asesores señalan que en los dictámenes aprobados se fortalece a Petróleos Mexicanos, se imposibilitan los contratos de riesgo –desnudos o con disfraz– y se elimina la mayor parte de las características más lesivas de la iniciativa oficial.

Aunque en la reunión de los asesores participó también Mario di Costanzo, secretario de hacienda del “gobierno legítimo”, él no firmó el comunicado.

Por otra parte, los asesores consideraron que se trata de un resultado que “puede respaldarse plenamente”, pero será indispensable que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo se mantenga alerta y en pie de lucha. Ello, agregan, “para frustrar los intentos privatizadores que puedan manifestarse tanto en las etapas restantes del proceso legislativo de la reforma petrolera, como más adelante”, y también para impulsar una política de largo aliento dirigida a constituir a Pemex en un organismo plenamente integrado.

Ni Cordera ni el embajador Navarrete quisieron abundar más allá del texto y sólo precisaron que el movimiento en defensa del petróleo se constituyó a partir de que “se veía venir” el intento de privatizar la industria petrolera, a partir de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal.

Un movimiento que creció

Rolando Cordera recalcó que el movimiento fue creciendo, se expresó en las calles y en el propio Congreso de la Unión, y también a través de diferentes grupos de expertos, técnicos e intelectuales. “Es un movimiento que existió, que continúa existiendo y que agrupa a muchos mexicanos con partido y sin él”.

Interrogados sobre la postura de Andrés Manuel López Obrador en torno a los siete dictámenes ya aprobados, Cordera Campos respondió que eso se le debe preguntar al ex candidato presidencial. “Nosotros (los asesores) estamos expresando nuestra opinión a la vista de lo que pudimos examinar y a reserva de dar a conocer una evaluación precisa y a detalle, en la que ya estamos trabajando”.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática elaboró un primer análisis, que ayer se dio a conocer a los senadores del sol azteca, en el que se señala que 16 de los puntos centrales de la iniciativa del Frente Amplio Progresista fueron incluidos en la reforma de Pemex que se votará ante el pleno este jueves.

Entre los logros se señala que se cerró el paso a los contratos de riesgo, incentivados o de éxito; también se establecieron bases claras para adjudicaciones directas, y se fijó la prohibición para que Petróleos Mexicanos acuda a la jurisdicción de tribunales internacionales en caso de controversias con empresas contratantes.

 
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