IEDF: ¿qué hacer?
La renuncia de Isidro Cisneros a la presidencia del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) nos sitúa ante una disyuntiva que bien nos puede llevar al fortalecimiento institucional de la autoridad electoral o hacia un desastre de grandes dimensiones para la organización de las elecciones en la capital de la República. Todo depende de la responsabilidad política y la sensatez con que se conduzcan tanto los diputados de la Asamblea Legislativa como los otros consejeros del instituto.
Lo ideal sería que los partidos eligieran por consenso a una persona independiente, de probada experiencia y prestigio para terminar el periodo de Cisneros como consejero presidente del instituto. El problema es que algunos de los candidatos naturales, como Jaime Cárdenas, Jesús Cantú o Eduardo Huchim, se encuentran impedidos por ley a ocupar el puesto en este momento. Asimismo, casi todas las otras figuras públicas que han sido mencionadas han declinado ser consideradas o han enfrentado vetos políticos irracionales.
Nos encontramos, entonces, ante una situación paralela a lo que ocurrió con la renovación anticipada del Instituto Federal Electoral (IFE) a principios de este año. Ante la ausencia de prospectos fuertes, la Asamblea podría verse obligada a escoger un candidato de “medio pelo” al estilo del actual consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, con tal de salir al paso de la situación.
Tal desenlace sería lamentable, ya que el IEDF requiere de una persona con gran liderazgo, conocimiento y experiencia para salir del hoyo en que se encuentra. Varias áreas estratégicas del instituto operan sin sus titulares, el presupuesto de 2009 tiene que presentarse en las próximas dos semanas y las tareas iniciales del proceso electoral ya cuentan con un atraso importante. Esta situación de ninguna manera se puede atribuir exclusivamente a la gestión de Cisneros, sino que se debe a la enrarecida convivencia interna de la cual son igualmente responsables los otros seis consejeros electorales.
Además, las presiones externas que denunció Cisneros en su carta de renuncia son reales. Todos los partidos políticos han buscado influir en la operación del organismo electoral y más de uno de los consejeros actuales se han visto tentados a actuar más como representantes de partido o de corriente que como consejeros ciudadanos independientes y autónomos.
Si no aparece en los siguientes días una persona elegible que cumpla con el perfil buscado, sería recomendable seguir alguna de las tres siguientes alternativas con objeto de evitar el nombramiento de un presidente mediocre. Una primera opción sería, que en lugar de designar un nuevo consejero presidente para terminar el periodo de Cisneros, se aprovechara la oportunidad para poner en acción las recientes reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para nombrar un nuevo consejero, en lugar de un “consejero presidente”. Posteriormente, de acuerdo con la ley, los siete integrantes del consejo general determinarían entre ellos quién presidiría al órgano colegiado durante los próximos dos años. En principio, esto no violaría las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque no se estaría afectando ningún derecho adquirido.
El problema con esta opción es que 80 por ciento de los responsables de la crisis actual en el instituto se mantendrían en sus puestos y la sangre nueva que pueda llegar al instituto no tendría mayores posibilidades para transformar el status quo. La segunda opción, entonces, sería que todos los consejeros actuales renunciaran, asumiendo su corresponsabilidad por la coyuntura actual del instituto y abriendo el panorama para una transformación completa de la autoridad electoral. La dificultad con este camino, sin embargo, es que atrasaría aún más la organización del proceso electoral ya en curso.
La tercera opción sería la modificación del código electoral para permitir el nombramiento de alguno de los candidatos naturales para presidir el instituto en estos tiempos de crisis. Por ejemplo, no existe ninguna razón de peso para obligar al consejero presidente del IEDF a demostrar cinco años de residencia en el Distrito Federal, un localismo trasnochado que desafortunadamente obstaculizaría la llegada de alguien como Jesús Cantú. Asimismo, la obligación de contar con título universitario resulta absurda ante la presencia de candidatos como Eduardo Huchim, cuya experiencia y conocimiento rebasan sobradamente a la vasta mayoría de los licenciados del país.
En todo caso, antes de realizar cualquier nombramiento la Asamblea Legislativa primero tendría que aprobar la nueva versión del Código Electoral del Distrito Federal para dar certidumbre al proceso electoral en curso. Es falso que la no publicación del nuevo código se deba a una táctica dilatoria del jefe de Gobierno.
A finales de agosto, Marcelo Ebrard envió sus observaciones sobre la ley a la Asamblea. Hoy toca a ésta atenderlas o, en su caso, superar el “veto” del jefe del Ejecutivo por medio de una votación de dos terceras partes de los diputados. Esperemos que nuestros representantes estén a la altura del reto.