Continuará reapertura de casos, promete el gobierno estatal
Tuxtla, Gutiérrez, Chis., 16 de octubre. Marcelino Díaz González, Antonio Gómez Díaz y Miguel Gómez Díaz, recluidos en el penal El Amate, Cintalapa, quedaron en libertad como resultado del proceso de reconciliación que promueve el gobierno de Chiapas, en el que participan defensores de derechos humanos, informó hoy el gobierno del estado.
Los hermanos Gómez Díaz, quienes fueron detenidos en 2002 acusados de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio, que por ser delito grave está penado con prisión hasta de 20 años, alcanzaron su libertad a raíz de una revisión de sus expedientes a solicitud, en este caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Al no encontrarse elementos suficientes para determinar su responsabilidad, se procedió al desistimiento de la acción penal por falta de elementos.
Marcelino Díaz González alcanzó su libertad bajo la modalidad de preliberación, luego de haber permanecido recluido durante 7 años con 13 días, por el mismo delito. Llevaba compurgada más de la mitad de la sentencia. Desde luego no se descarta su muy probable inocencia, pero se optó por la preliberación por ser el mecanismo más expedito para las personas sentenciadas, apuntó el gobierno estatal en un comunicado de prensa.
El gobierno de Juan Sabines ofreció que seguirá revisando expedientes de indígenas, migrantes y personas de escasos recursos con el propósito de que en esta administración no quede nadie injustamente encarcelado. La prioridad serán mujeres indígenas, adultos mayores, enfermos y los que soliciten los organismos de derechos humanos no gubernamentales. Para ello, señala el comunicado, “el gobierno del Estado ofrece plena apertura, sólo pide paciencia y comprensión ante los tiempos propios que lleva la revisión de cada uno de los expedientes.
“Queda claro que la libertad con la que se beneficia a los presos es solamente para inocentes, no para delincuentes, es para aquellos que en actos arbitrarios del pasado fueron encarcelados sin una defensa adecuada, con testigos falsos, a personas que no saben leer o escribir español y a los que son fácilmente imputables delitos graves por sus propias condiciones de desigualdad.”