■ Nulos resultados de las investigaciones
En Colima, al menos 11 desapariciones forzadas desde 2001
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Durante la marcha contra la inseguridad realizada en la capital de Colima el 30 de agosto, María Luisa Mata exigió a las autoridades información sobre el paradero de su hijo, el comerciante de automóviles usados César Amezcua, quien desapareció el 28 de marzo en compañía de dos amigos
Foto: Verónica González Cárdenas
Colima, Col., 9 de octubre. Colima, considerado por autoridades locales y federales uno de los estados más seguros de México, con sólo dos secuestros cometidos y resueltos exitosamente en 2008 y ningún asesinato relacionado con el crimen organizado, se ha convertido en terreno fértil para desapariciones forzadas. Productores, comerciantes, agentes federales y hasta militares han desaparecido y las investigaciones no arrojan resultados.
Al menos 11 personas desaparecieron en la entidad entre junio de 2001 y septiembre de 2008, sin que se conozca su paradero. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) turnó la mitad de los casos a la Procuraduría General de la República (PGR) porque algunas de las víctimas eran funcionarios federales, o se vincula a los supuestos plagiarios con policías federales, pero las pesquisas no muestran avances. Los casos bajo responsabilidad de la PGJE tampoco han sido resueltos.
El caso más reciente fue el del teniente de intendencia José Vicente Édgar Salinas Martínez, adscrito al 29 batallón de infantería perteneciente a la 20 Zona Militar, con sede en esta capital, quien desapareció el 14 de septiembre pasado. La PGR atrajo la investigación.
El militar es originario de San Juan del Río, Querétaro. Tiene 34 años y desde hace 14 está adscrito al Ejército Mexicano. Antes de llegar a Colima, en 2006, trabajó en el estado de México y, según sus parientes, habría sido secuestrado por Luis Alberto Mejía Trujillo, un ex militar amigo suyo.
Familiares de Édgar Salinas viajaron de Querétaro a Colima para seguir las investigaciones. Aldo Luis Salinas, hermano del militar, acusó a la PGJE de proteger a Mejía Trujillo, a quien se detuvo cuando manejaba el automóvil de Édgar (un Audi modelo 2000 color azul con placas de Querétaro, que tenía reporte de robo) una semana después de la desaparición de la víctima, pero fue liberado a las 72 horas.
En entrevista, Aldo Luis Salinas dijo: “El automóvil tenía muestras de sangre y de que en el interior hubo violencia”, pero la policía dejó ir a Mejía Trujillo porque al parecer es sobrino del alcalde de esta capital, Mario Anguiano Moreno. El edil negó parentesco con el ex militar y después de que familiares de Édgar se manifestaron ante el palacio de gobierno de Colima, Mejía Trujillo fue detenido nuevamente. La PGR atrajo la investigación y Luis Alberto Mejía está arraigado en su domicilio.
El vendedor de autos usados César Amezcua Mata, de 39 años, desapareció junto con dos amigos suyos el 28 de marzo de este año. La PGJE no dio a conocer el hecho, aunque la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público. La madre de César, María Luisa Mata, hizo pública la desaparición de su hijo durante la marcha contra la inseguridad efectuada en la capital de Colima el 30 de agosto.
Las primeras desapariciones forzadas de personas en el sexenio de Vicente Fox ocurrieron en Colima. El primero de junio de 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 9/05 al gobierno estatal y a la PGR.
En la recomendación se acotó que, de acuerdo con testigos, “el 30 de junio de 2001 Jesús González Medina fue privado de su libertad por un hombre que se identificó como policía judicial”.
Diana Martínez Dueñas, hermana de Alejandro, recurrió a todas las instancias estatales y federales para encontrar a su consanguíneo. Su madre enfermó y la familia ha gastado gran parte de sus ahorros en la búsqueda de Alejandro, que pese a la recomendación de la CNDH y la creación de una fiscalía especial integrada por la PGJE y la PGR, no ha dado resultados.
A estas desapariciones se suman las del agente del Ministerio Público Federal Braulio Rubén Castillo Pérez, responsable de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de la PGR, y de su auxiliar, Juan Manuel Partida Nava, así como las de Sergio Rivera Sánchez y J. Trinidad García Magaña.
Para el presidente de la organización no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Colima, Efraín Naranjo Cortés, las desapariciones forzadas en la entidad tienen un denominador común: “La autoridad dice que investiga, pero no aparecen. Esto significa que hay ineficiencia y falta de voluntad”.
Dijo que en Colima existen condiciones para la desaparición forzada de personas, pues “hay muchas leyes, pero también mucha impunidad. Existe un contubernio entre los criminales y los tres niveles de gobierno. Ahí está el caso del presidente municipal de Ixtapan de la Sal (estado de México), Salvador Vergara Cruz, a quien mataron supuestamente porque no aceptó contubernios con el narco. ¿Quiere decir entonces que los que sí aceptan son los que están vivos?”