■ La libertad de expresión es un derecho internacional, señala Edgar Cortez
Grave, que el gobierno trate como criminales a personas críticas: ONG
La detención de dos jóvenes que se manifestaron en contra de Felipe Calderón durante un acto oficial se inscribe en la práctica de la criminalización de la protesta social que ha emprendido el actual gobierno, además de que vulnera la libertad de expresión de los estudiantes, derecho internacional que México está obligado a cumplir, consideraron defensores de derechos humanos.
“Es una actitud grave” de la administración federal, lo que “demuestra signos de incapacidad para reconocer que en el país existen puntos de vista diferentes al oficial”, consideró Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos.
Señaló que la detención de Andrés Leonardo Gómez, de 18 años, quien fue destacado estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (plantel sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de Marco Virgilio Jiménez Santiago, de 24 años, tesista de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía de la máxima casa de estudios, denota una “actitud grave, pues se da trato de delincuentes a personas críticas y con posiciones distintas a la oficial. Es una acción que se inscribe en la garantía del derecho a la libertad de expresión y de manifestación”.
El activista refirió que no existe delito qué fincar a los dos universitarios, por lo que no había razón para detenerlos, y menos aún para presentarlos ante el Ministerio Público local. “Fue una acción de intimidación para los disidentes a la postura oficial. El derecho de libertad de expresión no se sujeta a actos oficiales ni a la investidura presidencial”.
En tanto, Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, señaló que la detención de ambos jóvenes fue una acción que atentó contra la libertad de expresión de los universitarios y demostró que el gobierno de Calderón “no responde a un estado de derecho democrático” al tratar de sancionar a quienes tienen un punto de vista contrario.
Remarcó que la actitud de los jóvenes “es reflejo del enojo de un sector de la población ante la decisión electoral de 2006 (que dio un cuestionado triunfo a Calderón). Es una herida que no ha sanado y el gobierno federal no acaba de entender que esto no es fácil de olvidar”.
Alejandro Juárez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que fue un “acto de censura debido a que se remitió ante una autoridad a los jóvenes como si en verdad hubieran cometido un delito. Éstos sólo expresaron una opinión política que no constituye ningún delito ni infracción ante los ordenamientos legales”. Sin embargo, señaló que no podría considerarse como criminalización de la protesta.