Usted está aquí: sábado 4 de octubre de 2008 Capital Seguridad pública

Seguridad pública

Venta de armas en el norte amenaza al DF

Al clausurar el foro internacional La Procuración de Justicia en las Grandes Ciudades del Mundo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, advirtió que una de las principales amenazas para la ciudad y el país son los más de 10 mil puntos de venta de armas que hay cercanos a la frontera norte de México. Muestra de ello es que han comenzado a aparecer “armas de guerra” en diferentes puntos de la República en los meses recientes, por lo que hizo un llamado a los responsables de procuración de justicia a trabajar en conjunto contra el tráfico de armas, además del problema del narcotráfico. Advirtió que ante las posibilidades que abre para la actividad del crimen organizado los nuevos sistemas de comunicaciones e Internet, las autoridades deben estar mejor preparadas para hacerles frente y atacar globalmente los flujos financieros que generan. En el foro, que tuvo dos días de duración participaron, representantes de Los Ángeles, París, Roma, Londres, y Johannesburgo. Se analizaron temas en específico como delitos ambientales e informáticos, pornografía infantil, prevención y combate al terrorismo, delincuencia organizada y procuración de justicia con perspectiva a los derechos humanos.

Trasladan a menores de centro de reclusión

Sin avisar previamente a los familiares, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal trasladaron a las más de 30 menores de edad internas en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico para Mujeres, ubicado en Coyoacán, a un nuevo centro de reclusión localizado en Periférico y Tepepan, en Xochimilco, denunciaron padres y vecinos de la colonia Del Carmen, en Coyoacán, quienes consideraron la acción como una violación a los derechos humanos de las menores, pues fueron llevadas a un lugar que no tiene las condiciones necesarias para su estancia. Los vecinos manifestaron su inconformidad por el traslado de las menores, toda vez que el edificio tiene más de 100 años funcionando con éxito, pues nunca se ha presentado un motín o una fuga. Agregaron que el gobierno federal se niega a entregar el inmueble al del Distrito Federal, en el contexto de la entrada en vigor de la Ley de Justicia para Adolescentes, porque se pretende convertirlo en oficinas, por lo que exigieron que se conserve el destino por el que fue construido, razón por la cual presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina, la cual fue turnada a la instancia nacional.

 
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