28 de septiembre: Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

“Las mujeres deciden, la sociedad respeta,
el Estado garantiza y las iglesias no se meten”
Campaña 28 de Septiembre

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en San Bernardo, Argentina en noviembre de 1990, se acordó declarar el día 28 de Septiembre como Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe. Esta declaración se concretó en una campaña permanente que desde 1993 impulsa las demandas de las mujeres relacionadas con el acceso a servicios de aborto legales y seguros.

Si bien, las restricciones al acceso al aborto seguro siguen siendo la realidad en la gran mayoría de los países del continente, en México el 28 de Septiembre de este año tiene un significado trascendental para las mujeres. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ratificó la constitucionalidad de la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 24 de abril del 2007, por la cual se permite la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación a voluntad de la mujer, le confiere a los derechos humanos de las mujeres, la mayor legitimidad que hayan recibido en toda la historia de nuestro país.

La decisión que tomaron seis ministros y dos ministras a favor de la constitucionalidad de la Ley en cuestión, honra la protección jurídica de los derechos humanos de las mujeres, al establecer claramente que la Constitución ampara y protege el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

De la misma manera, con esta decisión se afirma la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas en un aspecto tan crucial para su vida como la maternidad, y se protege a las mujeres de escasos recursos pues ya no tendrán que recurrir a servicios inseguros de interrupción del embarazo, que ponen en riesgo su salud y su vida.

Otro aspecto crucial de esta decisión fue la reivindicación del carácter laico del Estado mexicano y de los principios democráticos. Somos plenamente conscientes de que en este tema hay posiciones antagónicas y que tanto legisladores como ministros, se vieron sometidos a fuertes presiones por parte de sectores fundamentalistas liderados por la jerarquía conservadora de la Iglesia católica. Ellos y ellas supieron sobreponerse a las amenazas y los improperios y actuaron valientemente como servidores públicos, de acuerdo con criterios objetivos para salvaguardar el bienestar de la población y no guiados por sus creencias religiosas. Afirmamos junto con la Red por la Salud de las Mujeres de América Latina y El Caribe, que las mujeres somos sujetas de derechos, con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a nuestras realidades y proyectos, incluyendo la decisión de abortar o de ser madres, de tener hijos o de no tenerlos. Exigimos que todos los actores sociales y el Estado respeten nuestra autonomía sexual y reproductiva, y se nos brinde la información y los medios para ejercerla sin riesgos, lo que requiere: acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo anticoncepción de emergencia; educación sexual laica y humanista; acceso a abortos seguros, legales y con alta calidad de atención; condiciones sociales y estructurales adecuadas para vivir una maternidad voluntaria, protegida y gozosa, si optamos por ella.

Esto es particularmente vigente si tomamos en cuenta que en los 31 estados de la República, las mujeres enfrentan serias restricciones al derecho a decidir sobre su maternidad: ante la dramática realidad del embarazo no deseado, particularmente grave entre las jóvenes de menores recursos, las mujeres de los estados siguen poniendo en riesgo su salud y su vida, al verse obligadas a recurrir a prácticas inseguras para interrumpir su embarazo.

Es cierto que hemos avanzado un trecho enorme, pero es igualmente cierto que queda un largo camino por recorrer. Confiamos en que muy pronto los demás estados de la República Mexicana tomen las medidas necesarias para legislar en la materia, ya que la resolución de la Corte faculta a los estados y les proporciona independencia para llevarlo a cabo, lo que indudablemente beneficiaría a todas las mujeres mexicanas y homologaría las condiciones para el ejercicio de sus derechos.

Reclamamos el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de justicia social y salud pública. Solo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, acabará también el drama de las muertes maternas por esta causa y se resguardará la salud y la vida de las mujeres, al igual que el bienestar de sus familias. La maternidad no se impone por leyes castigadoras, las que han demostrado ser inútiles para evitar los abortos clandestinos. Tampoco se impone por dogmas ni doctrinas religiosas, que ignoran la libertad humana y la diversidad de creencias.

Hoy 28 de septiembre, las mujeres mexicanas podemos decir que el derecho a decidir sobre nuestra maternidad está garantizado por la Constitución, por encima de las limitaciones que pretendían imponerle concepciones atávicas de nuestra dignidad y derechos.