■ El PRI busca el mismo objetivo en su iniciativa, destaca Aleida Calleja
Oportunismo político, en pacto sobre FM: radios comunitarias
■ Transgrede criterios de la Corte en su resolución sobre la ley Televisa
El acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que favorece el otorgamiento de concesiones de frecuencia modulada (FM) a los empresarios que operan estaciones en amplitud modulada (AM) es un acto de “gran oportunismo político que raya en los esquemas del viejo régimen”, el cual refleja una rebatiña por favores políticos, asociada a la iniciativa de ley que prepara el PRI en el Senado, con el mismo objetivo, sostuvo la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aleida Calleja.
Para la especialista en medios de comunicación, el citado acuerdo representa un “abuso de la potestad del Poder Ejecutivo para concesionar discrecionalmente el espectro radioeléctrico, que no es de él, sino un bien del dominio público que sólo le corresponde admnistrar para beneficio general de la población; lo que se hace con este acuerdo es abusar en favor de unos cuantos”.
En esta lógica, Calleja subraya que el propio convenio transgrede algunos de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su resolución respecto al recurso relacionado con la ley Televisa. “El problema del país es que no hay manera de que desde la sociedad se obligue al Ejecutivo y al Legislativo a acatar estos criterios y a aprobar una legislación en consecuencia”.
Asimismo, destaca el carácter absurdo del decreto, pues representa al mismo tiempo una expresión de que el gobierno federal ya decidió en torno al esquema tecnológico que se adoptará en el proceso de digitalización en la radio. Es claro que en el sistema europeo desaparecen las frecuencias AM y FM, las cuales permanecen en el esquema estadunidense, por lo que si el Ejecutivo ha iniciado con el proceso de concesión en FM, hay una decisión ya adoptada.
Lo increíble –añadió– es que mucho antes de que se haya adoptado oficialmente una plataforma tecnológica en la materia, lo primero que hace el gobierno es repartir las concesiones, lo que significa que como con la transición a la tecnología digital efectuada en la televisión, un pequeño grupo de concesionarios decide por algo que compete a toda la nación.
Por otro lado, advirtió que la discrecionalidad atraviesa todo el acuerdo publicado en el Diario Oficial y existen dudas en torno a los alcances, por ejemplo, del pago de contraprestaciones. “El título de concesión de las estaciones de radio en FM tiene un costo de 8 mil pesos, y de concretarse sería ridículo frente a los millones de pesos que los grupos mediáticos podrán obtener de la comercialización en dicha frecuencia.
Además, “el acuerdo vulnera gravemente el derecho a la igualdad, ya que, aunque el cambio de frecuencias incluye tanto a las radios concesionadas como a las permisionarias, los requisitos económicos que se exigen favorecen totalmente a quienes tienen poder económico e impiden la igualdad de oportunidades con quienes no detentan ese poder”.
Subrayó que frente a este esquema, hay al menos 200 solicitudes de permisionarios –gobiernos estatales, universidades públicas, radios comunitarias– que pretenden acceder a la banda de FM, que sólo han recibido por respuesta el silencio, por lo que no hay una ampliación a otros actores.
Con la decisión de otorgar concesiones en FM, lo que sucederá es que en las plazas donde hay solicitudes de concesionarios de AM, al acceder a las estaciones de frecuencia modulada lo que van a provocar es una saturación del espectro radioeléctrico con los mismos concesionarios que ahora usufructúan este bien.
Calleja consideró que, en las formas, el decreto se asemeja mucho al que en su momento utilizó la administración foxista para beneficiar a los concesionarios de radio y televisión con modificaciones en el uso de los tiempos oficiales y fiscales.