■ Sugiere castigar a tres policías por agresiones a ciudadanos
La CEDH potosina recomienda crear fiscalía independiente para casos de tortura
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió al gobernador de San Luis Potosí, el panista Marcelo de los Santos Fraga, y a la Procuraduría de Justicia del estado la recomendación 012/2008 para que se cree una fiscalía independiente especializada en casos de tortura luego de que se informó de tres nuevos casos de agresión cometidos por policías ministeriales contra ciudadanos.
La instancia sugiere castigar a los uniformados que cometieron esos actos; que en el futuro se garantice un sistema de videograbación en los interrogatorios y que antes de éstos las personas acusadas de algún delito declaren ante el Ministerio Público, siempre con el acompañamiento de un abogado de oficio.
La recomendación va acompañada de la validación de las denuncias de tortura cometidas por ministeriales CEDH-Q-503/2007, CEDH-Q-892/2007 y CEDH-Q-909/2007; en una de éstas se incluye el agravio a una mujer. Las tres denuncias analizadas son la 503, 892 y 909 y fueron promovidas por Juan Pablo Palacios Lerma, Silvia Yazmín Sosa González y José Carlos Martínez Segura, quienes señalan a agentes ministeriales como torturadores.
El secretario de gobierno, Alfonso Castillo Machuca, confirmó que la Procuraduría de Justicia en el estado dio entrada a la recomendación y analizará detenidamente sus términos antes de dar una respuesta.
El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Sinaloa, en cambio, rechazó el exhorto 07/2008 emitido por la CEDH de esta entidad en la que se instruía al órgano a inspeccionar la conducta del juez de primera instancia especializada en justicia para adolescentes con sede en Culiacán por las transgresiones cometidas en el proceso hacia un menor que presentó una queja.
Juan José Ríos Estavillo,titular de la CEDH, dijo que en un oficio fechado el 4 de septiembre, Canuto Alfonso López, presidente del STJ y del Consejo de la Judicatura respondió que la CEDH no tiene competencia para conocer el caso del menor.
El ombudsman dijo que insistirá para que se reconozca y admita la competencia de la CEDH para conocer sobre actos y omisiones de autoridades judiciales de carácter administrativo.
De acuerdo con la queja CEDH/I/090/2008, presentada el 10 de abril por familiares del menor, éste refirió que fue detenido por policías municipales de Mazatlán el 31 de julio de 2007 y hasta el 10 de octubre siguiente fue cuando el Ministerio Público del fuero común lo puso a disposición de la juez mencionada.
El quejoso consideró que transcurrió en exceso el término para la celebración de la audiencia de sujeción a proceso, donde pretendió demostrar que era menor de edad y fue privado de su libertad desde que fue puesto a disposición del agente del MP, hechos que no consideró la juez con lo que incurrió en dilación en el manejo e instrucción del asunto que se llevó por el juzgado y que no se ajustó a la Ley de Justicia para Adolescentes y en la Ley Para Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del estado que obligan al juzgador a prestar sus labores al publico en forma eficiente, pronta y expedita.