■ Posibles infiltraciones en el aparato de Estado guatemalteco, advierte
Criminales habrían instalado el sistema de espionaje en su oficina, dice Álvaro Colom
Guatemala, 5 de septiembre. El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, afirmó que el sistema de espionaje descubierto recientemente en sus oficinas y su domicilio puede haber sido instalado por grupos criminales, y advirtió que otros organismos del Estado corren el riesgo de estar infiltrados también.
En conferencia de prensa, el mandatario anunció que hablará personalmente con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y con el presidente de la junta directiva del Congreso, Arístides Crespo, para transmitirles su postura, al tiempo que admitió temer una eventual reacción de los responsables de estos actos.
“Si a la casa presidencial le pusieron escuchas, me imagino los juzgados, la Corte Suprema, el Congreso, etcétera. La situación es delicada”, aseveró Colom, quien no descartó nuevos ataques contra su gobierno.
Según el mandatario guatemalteco, quienes colocaron los micrófonos y cámaras en sus oficinas y las de su esposa, hecho que denunció el pasado jueves, son gente que ha perdido “totalmente” sus influencias en el aparato de seguridad gubernamental.
Colom descartó que su ex jefe de seguridad Carlos Quintanilla esté involucrado en este caso, y adelantó que hay indicios de que alguien dentro de la casa presidencial permitió la instalación de los equipos de espionaje.
La infiltración de la sede presidencial generó una reacción de inquietud y preocupación entre diversos sectores políticos del país centroamericano. La diputada izquierdista Nineth Montenegro señaló que “hay toda una estructura existente de muchos años atrás, pero ahora reciclada”.
La legisladora recordó que los ex presidentes Vinicio Cerezo (1986-1990) y Ramiro de León (1993-1995) denunciaron en su momento que estaban siendo vigilados “sistemáticamente” debido a que “no tenían todo el poder”.
Montenegro consideró que a pesar del traslado de la seguridad de los militares a los civiles a partir de 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla guatemalteca, la estructura de espionaje castrense “no se disolvió del todo.”
Por su parte, la activista de derechos humanos Helen Marck afirmó que sería necesario presentar una iniciativa legal contra el espionaje de conversaciones telefónicas privadas, y coincidió en que este tipo de prácticas eran comunes para los servicios de inteligencia militar.