Ocho ministros votaron en contra de la inconstitucionalidad y sólo tres votaron a favor. “A partir de la decisión aquí tomada comienza el después en el caso mexicano. Los efectos jurídicos y sociales de una determinación de esta entidad son innegables, hoy culmina un intenso y profundo proceso de deliberación nacional”, consideró el presidente de la SCJN Guillermo Ortiz Mayagoitia. La mayoría que desechó el dictamen del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, contrario a la reforma legal en la ciudad de México, ha sentado jurisprudencia, es decir, ha allanado el camino para que otros estados modifiquen sus códigos penales en el tema del aborto sin dar lugar a recursos jurídicos en contra.

El aborto ya era legal en el Distrito Federal en los casos de violación y malformaciones congénitas o para preservar la salud y la vida de la madre, pero la nueva ley, aprobada en la Asamblea Legislativa del DF en abril de 2007, permite interrumpir un embarazo a solicitud de la mujer durante las primeras 12 semanas. La ley establece también la responsabilidad de los servicios públicos de salud de atender las solicitudes de interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo requieran; permite además el acceso a mujeres de otros estados de la República a cambio de una cuota de recuperación.

Fueron la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las instituciones que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad de esta ley, basándose en el principio de “defensa de la vida desde la concepción” y cuestionando la competencia de la ALDF para modificar su Código Penal y la Ley de Salud para legalizar el aborto. Luego de conocerse el fallo de la Corte, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, se dijo “maravillado” por la discusión legal. “Voy a estudiar (la decisión) y como abogado estaré en posibilidad de dar una opinión personal”, consideró. La Iglesia Católica, en voz del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo Carlos Aguiar Retes, instó a respaldar “el derecho a la vida” en un spot televisivo cuando ya era inminente el fallo de la Corte y en un comunicado anunció la que será su estrategia para el futuro: “La decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos deja clara la tarea que tiene la sociedad y los legisladores para que la Constitución de nuestro país reconozca explícitamente los derechos del recién concebido”.

Por parte del gobierno federal no hubo pronunciamientos. La víspera de la decisión final, el secretario de Salud José Ángel Córdova evitó tomar postura pero perfiló la actitud gubernamental sobre el tema: “Serán muy aleccionadoras las discusiones que se den, los puntos de vista jurídicos que ahí emanen y el dictamen que se establezca, esto tiene una gran trascendencia porque si respetamos los marcos jurídicos es como el país va avanzando”.

Por su parte, el jefe de gobierno del DF Marcelo Ebrard señaló que la decisión es “un triunfo de la razón sobre los prejuicios de esa parte oscurantista que todavía hay en nuestra sociedad”. Por su parte, el Instituto de las Mujeres del DF dijo en un comunicado que la resolución “representa un paso más para garantizar el acceso al ejercicio pleno del derecho de las mujeres a gozar su libertad y elegir libre, responsable e informadamente sobre su cuerpo, maternidad y proyecto de vida”. Para la doctora Raffaela Schiavon, directora de la organización internacional de salud reproductiva Ipas, la discusión fue ganada gracias a la sociedad: “La mejor legitimación del nuevo marco legal ha sido la sociedad misma: las mujeres que han solicitado su cumplimiento desde el día siguiente a su publicación, y que siguen demandando atención y servicios en los hospitales públicos de la Secretaría de Salud del DF. Con el cambio de la legislación, por primera vez en el país se da respuesta a las verdaderas circunstancias que motivan a las mujeres a recurrir al aborto, razones que no necesitan de la autorización de un ministerio público, de un juez, de un médico”.

En Latinoamérica, en 2006 el aborto fue prohibido bajo toda circunstancia en Nicaragua; en Honduras, El Salvador y República Dominicana también es completamente ilegal. En contraste, los fallos de las cortes nacionales e internacionales ampliaron el acceso al aborto legal en Colombia y Perú. El aborto también es un factor en los debates constitucionales y legislativos de Bolivia, Brasil y Ecuador. Hoy sólo Cuba y la ciudad de México permiten la interrupción legal del embarazo con la única restricción del tiempo de gestación.