■ Tampoco se violó la garantía de igualdad ante la ley, según resolución de la corte
El Estado no vulneró el derecho de Jorge Castañeda a ser electo, determina la CIDH
■ Se confirma la legalidad del sistema político mexicano, subraya el gobierno federal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado mexicano no violó el derecho político de Jorge Castañeda Gutman a ser electo y tampoco su garantía a la igualdad ante la ley, por lo cual el gobierno de Felipe Calderón consideró ayer que esta sentencia confirma la legalidad del sistema comicial nacional, incluyendo la estructura de partidos y el funcionamiento de las instituciones del ramo.
Cabe recordar que el ex secretario de Relaciones Exteriores acudió a la CIDH para impugnar la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a inscribirlo como candidato independiente a la Presidencia de la República en los comicios de 2006. Entre sus argumentos planteó que el Estados mexicano vulneró su derecho a la igualdad ante la ley y sus derechos políticos, consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Tras escuchar a las partes, la corte resolvió que no se violaron dichas garantías, pero sí el derecho de Castañeda a la protección judicial, prevista en el artículo 25 de la convención.
Dado lo anterior, recomendó al Estado mexicano ajustar la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano, de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional del pasado 13 de noviembre del 2007, y así garantizar, de manera efectiva, el “cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido”.
El organismo internacional dio un plazo de seis meses para que el Estado mexicano publique en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de amplia circulación la sentencia sobre el caso, y un lapso de medio año, a partir de la notificación del fallo, para que reintegre al ex canciller la cantidad de 7 mil dólares que erogó en gastos del juicio.
La CIDH resaltó que supervisará el cumplimiento de su resolución y que el Estado mexicano tiene un plazo de un año para rendir un informe a la corte sobre la medidas adoptadas para hacer realidad el dictamen.
En una comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno calderonista reiteró su pleno compromiso con la jurisdicción de la corte, cuya competencia contenciosa fue reconocida por México en 1998.
Por su lado, Fabián Sánchez, consultor en derechos humanos, calificó el resolutivo de contradictorio y estimó que la corte debió de haber planteado la violación de los derechos políticos de Castañeda, pero no quiso entrar al fondo del caso.
No obstante lo anterior, dijo que a partir de las modificaciones que se tendrán que hacer al juicio de protección de los derechos de los ciudadanos, se puede discutir el tema de las candidaturas independientes.
Con información de Georgina Saldierna