■ El Frente Amplio propone comité anticorrupción en la paraestatal
Plantean reducir presencia sindical en el consejo de administración de Pemex
A diferencia de las iniciativas de reforma energética del gobierno de Felipe Calderón y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la del Frente Amplio Progresista (FAP) rechaza que se privatice la extracción, producción y comercialización del crudo, y propone medidas concretas para transparentar la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el propósito de frenar “la corrupción y el tráfico de influencias”.
El paquete de siete iniciativas de reforma que el FAP –integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia– entregó ayer en el Senado elimina “la contratación sistemática” que Pemex realiza desde hace años con consorcios extranjeros, al incentivar el desarrollo de firmas nacionales de ingeniería para los trabajos y servicios en los que la iniciativa privada puede participar, según lo previsto en la Constitución.
En relación con la Ley Orgánica de Pemex, la propuesta ciudadana que el FAP presentó disminuye de cinco a dos el número de representantes del sindicato petrolero en el consejo de administración de la paraestatal.
El proyecto pone un candado que deja fuera a los dirigentes del gremio, ya que apunta que los representantes sindicales en el consejo deben ser trabajadores en activo de Pemex, elegidos mediante voto secreto y directo.
Las iniciativas del PRI y de Calderón proponen un consejo de administración con 15 integrantes, seis de la empresa, cuatro independientes y cinco del sindicato petrolero.
El FAP, en tanto, reduce el número a 11, seis de la empresa, designados por el Ejecutivo, y tres en representación de la sociedad, que también serán designados por el Presidente, pero a partir de una lista presentada por el Congreso.
La intención es acabar “con la corrupción y el tráfico de influencias que han caracterizado a la administración de Pemex”.
Así, además de los actuales mecanismos de auditoría a Pemex, como su propia contraloría y la Auditoría Superior de la Federación, se plantea crear en el consejo de administración un comité de fiscalización y transparencia.
Por lo que se refiere a la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, mientras la iniciativa de Calderón abre la puerta a la realización de contratos con trasnacionales para la extracción y producción de petróleo y permite que particulares construyan y operen refinerías y se hagan cargo de los ductos, el plan del FAP elimina esa posibilidad.
La iniciativa del PRI propone una modalidad de contratos en la que se pagará al contratista de acuerdo con el trabajo que realice.
El FAP, en el artículo cuarto de la esa ley reglamentaria, fortalece la prohibición de los contratos de riesgo, al plantear que “los contratos de obras y de prestación de servicios serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán porcentajes en los productos, participación en los resultados de la explotaciones o sus equivalentes en efectivo”.
También modifican el artículo cuarto del ordenamiento, para asentar que en la contratación de obras y servicios Pemex dará preferencia, en igualdad de condiciones, a personas de nacionalidad mexicana.
El Frente Amplio revive la “cláusula Calvo” para dejar asentado en el artículo 6 de esa misma ley que en ningún caso Pemex se someterá a la jurisdicción de tribunales internacionales por controversias referidas a contratos con firmas extranjeras.