■ Escaso apoyo popular a la movilización en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni
Opositores a Evo Morales cierran caminos en rechazo a la política de impuestos
■ El gobierno boliviano emite decreto que sanciona a las autoridades que respalden bloqueos
La Paz, 25 de agosto. Con escaso apoyo de la población, organizaciones civiles que reclaman al presidente Evo Morales la restitución del impuesto petrolero a las administraciones provinciales comenzaron hoy a bloquear caminos en la región del Gran Chaco boliviano.
Televisoras privadas difundieron en las primeras horas del día imágenes de maquinaria pesada y camiones que descargaban piedras y escombros en las inmediaciones de las localidades de Villamontes, Yacuiba y otros pueblos cercanos a las fronteras con Argentina y Paraguay, a unos mil 200 kilómetros al sureste de La Paz.
Los transportistas de Tarija desafiaron abiertamente el llamado al paro y decidieron continuar sus actividades, y aunque los obstáculos en los caminos fueron establecidos, los conductores de vehículos rodearon los montículos y continuaron sus trayectos, reportó la Agencia Boliviana de Información.
En otras zonas de la región los puntos de bloqueos sólo fueron marcados con ramas y no había gente que impidiera el tránsito.
Aunque los organizadores del paro –líderes de “comités cívicos” del Gran Chaco– anunciaron el viernes su propósito de cerrar caminos e instalaciones petroleras, no hay reportes de que hayan intentado obstaculizar centros de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, resguardados por militares y policías por órdenes de Morales.
A última hora del domingo el Consejo Nacional Democrático, que agrupa a los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, opositores a los proyectos sociales y económicos de Morales, manifestaron su respaldo a los cívicos.
Ante esa amenaza, la administración socialista emitió un decreto en el cual establece sanciones a prefecturas, alcaldías y funcionarios que promuevan esas acciones.
La región del Gran Chaco concentra la mayor parte de las reservas de gas en Bolivia y ocupa partes de los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Los prefectos exigen a Evo Morales la restitución de 30 por ciento del impuesto directo de los hidrocarburos, que fue retirado por el gobierno central para financiar la pensión de los ancianos, conocida como Renta Dignidad.