Usted está aquí: viernes 22 de agosto de 2008 Estados Activistas de Zimapán recurrirán a instancias internacionales

Activistas de Zimapán recurrirán a instancias internacionales

Angélica Enciso L

Debido a que la empresa española Befesa ha violado la orden judicial de suspender la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos en Zimapán, Hidalgo, los afectados acudirán a instancias internacionales, anunciaron ayer integrantes del Movimiento Cívico Todos Somos Zimapán.

Al inaugurar en el Distrito Federal el Foro Nacional Ambiental, José María Lozano, representante del movimiento, dijo que mantendrán su lucha contra el confinamiento a pesar de que han sido reprimidos por la policía y son hostigados constantemente. La población del municipio hidalguense está atemorizada por el proyecto, dijo.

El 15 de julio el juez Noé Hernández ordenó suspender la construcción y el inicio de operaciones del confinamiento, por medio del amparo 652. Con esta determinación la empresa Befesa debió detener los trabajos.

Sin embargo, explicó Lozano, a pesar de recibir la notificación el 25 de julio, la compañía española continúa con los trabajos, con lo que comete desacato y “se burla de las autoridades mexicanas”. Agregó que el gobierno federal mantiene vigiladas las instalaciones con alrededor de 800 agentes de la Policía Federal Preventiva armados.

Dijo que ya presentaron un escrito ante la Corte Internacional del Medio Ambiente para que intervenga a fin de encontrar una solución a este conflicto que lleva más de un año, periodo en el que ha habido enfrentamientos con la policía, varias personas de la comunidad han resultado lesionadas y se teme más represión.

El proyecto de la empresa española se planeó desde 2003, de acuerdo con un documento confidencial firmado por los gobiernos estatal y municipal y la empresa en julio de ese año. Los habitantes supieron de este convenio apenas en 2007, lo que indica que se negoció en secreto, dijo la especialista Norma Borrego.

Este caso, consideró, pone a prueba la capacidad institucional del gobierno federal, pues tiene que ver con aspectos regulatorios, rendición de cuentas y ética. Aun si las autoridades actuales no estuvieron enteradas del plan, no pueden desligarse de su responsabilidad de aplicar la ley.

“No se puede culpar a una población por convertir una petición local, que pudo haber sido atendida en tiempo y forma, en una demanda nacional”, agregó.

En tanto, la agrupación Zimapán Libre realizó ayer una marcha con alrededor de 150 personas del Hemiciclo a Juárez a Los Pinos, donde realizó un mitin.

 
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