Editorial
Educación: rezagos y necesidades
El reclamo lanzado el lunes por la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, en el sentido de convertir a las escuelas normales en instituciones formadoras de “técnicos en actividades productivas”, con el argumento de que el sistema educativo no puede absorber la oferta de docentes, reviste una profunda insensibilidad en relación con las necesidades del país en materia educativa por parte –paradójicamente– de la figura a quienes los gobiernos recientes han entregado el control del sistema de enseñanza básica en México.
Por principio de cuentas, las declaraciones de la ungida “dirigente vitalicia” del SNTE hacen eco de postulados de la globalización neoliberal, que demandan que en países en desarrollo, como el nuestro, se otorgue mayor peso a la formación de carácter técnico. Esa lógica ha sido una de las principales causas de la devastación del sistema educativo, víctima de una política deliberada de abandono, con el fin no sólo de trasladar a los particulares las responsabilidades del Estado –creando, además, oportunidades de negocio para los primeros–, sino también de generar mano de obra barata que haga al país atractivo para las inversiones extranjeras.
Adicionalmente, los planteamientos de Gordillo evidencian falta de conciencia en torno a la importancia que el normalismo ha tenido históricamente para México. Las escuelas normales han fungido como las grandes formadoras de docentes a escala nacional, y han sabido desempeñar su labor a pesar de las desigualdades y los rezagos sociales que recorren el país. Por añadidura, esos centros de estudio han sobrevivido a condiciones de abandono por demás adversas, configuradas tanto por la corrupción que campea en el magisterio –de la cual el liderazgo gordillista es la expresión más clara– como por el poco presupuesto otorgado por las recientes administraciones. En ese sentido, la carencia de puestos de trabajo para los egresados de las normales no se debe, como pretende mostrar Gordillo, a una sobreoferta de docentes sino a una falta de capacidad o de voluntad del gobierno para generar las plazas correspondientes.
Por lo demás, resulta significativo que los señalamientos referidos se hayan dado a la par de los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace), que arrojó un panorama desalentador en materia educativa: 79.1 por ciento de los aplicantes de esta prueba –alrededor de 7 millones 800 mil estudiantes de primaria y secundaria– obtuvieron calificaciones que los ubican en los niveles de “insuficiente” y “elemental”. No puede pasarse por alto que el mapa de las deficiencias en educación coincide con el de la pobreza en México: los estados con peor desempeño académico fueron Michoacán, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Oaxaca. Ante esto, resulta claro que la factibilidad de un verdadero rescate de la educación pública en el país depende, en todo caso, de la suma de esfuerzos por mejorar al normalismo en México, no por desaparecerlo, y que una auténtica visión de Estado en materia de enseñanza demanda una reorientación general de las prioridades por parte del gobierno federal y de las administraciones estatales, así como de un robustecimiento de las finanzas públicas a ese sector abandonado por años.
Finalmente, el apoyo que la postura de Gordillo ha recibido de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, quien planteó una “transición” de las escuelas normales en los mismos términos expuestos por la lideresa magisterial, constituye una enésima muestra de la alianza existente entre el Ejecutivo federal y la dirigencia sindical charra, corrupta y antidemocrática del magisterio, una alianza de naturaleza político-electoral, no educativa, y que, al día de hoy, es un obstáculo fundamental para lograr el mejoramiento que la educación del país necesita con urgencia.