Usted está aquí: viernes 15 de agosto de 2008 Política El jueves 21 se reunirá en Palacio Nacional el Consejo Nacional de Seguridad Pública

■ Definir una estrategia integral en el combate a la delincuencia, el objetivo, dice Mouriño

El jueves 21 se reunirá en Palacio Nacional el Consejo Nacional de Seguridad Pública

■ Hay la instrucción del Ejecutivo de atender el justo reclamo de la sociedad, señala el funcionario

Alfredo Méndez

Ampliar la imagen El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, flanqueado por Genaro García Luna, titular de la SSP federal, y Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, durante el anuncio del encuentro sobre seguridad pública, acto llevado a cabo en Bucareli El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, flanqueado por Genaro García Luna, titular de la SSP federal, y Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, durante el anuncio del encuentro sobre seguridad pública, acto llevado a cabo en Bucareli Foto: Francisco Olvera

Ante el repunte de la actividad delictiva en el país, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, convocó ayer al Consejo Nacional de Seguridad Pública para reunirse el próximo jueves 21 de agosto a las cinco de la tarde en Palacio Nacional, con el objetivo central de definir una estrategia integral en el combate a la delincuencia organizada.

En compañía del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y del secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, Mouriño anunció que la convocatoria incluye al presidente Felipe Calderón, a todos los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, entre otros.

Al dar lectura en la Secretaría de Gobernación a un comunicado, y sin aceptar preguntas de los representantes de los medios de comunicación, el encargado de la política interna puntualizó que este anuncio se da en atención a las instrucciones del titular del Ejecutivo federal, con el propósito de “atender el justo reclamo de una sociedad que ha dicho ¡ya basta! y ha decidido participar activamente en la solución del problema”.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, definida por la legislación mexicana para determinar las políticas de seguridad y fortalecer la cooperación institucional en esa materia.

Juan Camilo Mouriño explicó que dicho consejo “está integrado por los gobernadores, por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como por los secretarios de Defensa Nacional, de Marina, de Comunicaciones y Transportes, el procurador general de la República y el secretario de Seguridad Pública federal, quien lo preside.

“Han participado en sus trabajos el Presidente de la República, así como los secretarios de Gobernación y de Hacienda, y asisten regularmente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos”, indicó.

Desde que inició la administración calderonista, hace 18 meses, Marcelo Ebrard se ha negado a participar en las reuniones de este consejo, cuya sesión más reciente, la número 22, se efectuó el pasado 9 de enero en Palacio Nacional.

En esa ocasión asistió el entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega Cuevas, en representación de Ebrard.

Durante la lectura del comunicado, Mouriño Terrazo refirió que previo a la sesión del próximo jueves “se realizarán diversas reuniones con el Presidente de la República, con los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como con el ministro presidente de la Suprema Corte y otros actores políticos y de la sociedad civil, a fin de integrar la agenda del consejo conforme a las atribuciones que tiene el presidente del mismo”.

Finalmente, el secretario de Gobernación aseguró que “esta reunión del consejo (es) una primera acción en atención a la legítima exigencia de los ciudadanos para que tanto gobernantes como la sociedad civil organizada nos pongamos de acuerdo en cómo atender los temas de seguridad pública y de combate al crimen”.

 
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