■ Desconectar y conectar cada bimestre, por una módica cuota, práctica recurrente
Descoordinación entre autoridades y empresa impide regularizar el servicio
■ “Busque a los de la camioneta chica”, recomendación entre vecinos para lograr el suministro
La contratación de servicios en Luz y Fuerza del Centro (LFC) puede ser un verdadero víacrusis. En municipios del estado de México como Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz o Ameca, entre muchos otros, donde aún hay problemas de urbanización el fenómeno de los “colgados” no se puede atribuir sólo a la cultura del no pago, sino la falta de coordinación entre los gobiernos municipales y la paraestatal, pero también al negocio que para los trabajadores de la empresa les representa desconectar y conectar mensualmente a cientos de familias, según testimonios recabados por este diario.
El conflicto tiene varias aristas. La primera consiste en que para electrificar calles de pueblos, que existen desde antes de que estallara la Revolución Mexicana, debe haber aportaciones de la comunidad, lo correspondiente al ramo 33, como aportación municipal, y la coordinación con Luz y Fuerza del Centro.
Como requisito para lograr los contratos la empresa pide que el solicitante presente un recibo de cobro de alguno de sus vecinos, sin embargo, resulta imposible cumplir con el documento porque la mayor parte de la comunidad se encuentra en las mismas condiciones, a todos les pidieron el recibo de otro vecino para poder contratar, lo que deriva en un círculo vicioso.
Cuando alguien logra salvar los requisitos y obtener el preciado contrato que le garantizará el suministro, la indicación de las oficinas de la empresa es precisa “pegue su recibo en la puerta de la casa para que el del camioneta lo vea y haga la instalación”, procedimiento que se divide en dos etapas, la del tendido de cable y luego la instalación del medidor. Lo primero ocurre con cierta rapidez y propina de por medio.
Lo segundo no, la instalación de medidores, fundamental para que la empresa cobre por el servicio tiene fecha de caducidad y los usuarios lo ignoran, por lo que en esos territorios mexiquenses los potenciales clientes deben acudir con regularidad a las oficinas de la paraestatal para pedir la instalación de su medidor so riego de que en una de esas visitas les informen que su contrato fue dado de baja sin que los trabajadores de la empresa hubieran visitado jamás el domicilio.
La opción para quienes necesitan la electricidad para vivir es volver a contratar y seguir otra sugerencia de los empleados de la empresa, “busque a los de la camioneta chica para que le instalen el medidor”.
Este es el transcurrir cotidiano de los habitantes de áreas rurales y semiurbanas en las que opera Luz y Fuerza, a las que con toda puntualidad cada mes o cada bimestre los encargados de la zona acuden a cumplir con su obligación de descolgar a los ciudadanos abusivos, mismos que minutos más tarde acuden a la esquina en la que se haya estacionada la camioneta de la empresas para entregar a sus ocupantes un promedio de 200 pesos por casa, sin recibir comprobante alguno, a cambio –una vez concluida la colecta– de volver a tener electricidad.
Las irregularidades en esta zona rebasan lo creíble, ya que dadas las dificultades para obtener el servicio eléctrico, cuando algún acomedido vecino “consigue” que la paraestatal instale un transformador, éste exige una remuneración por los servicios prestados que consisten en “permitir” que los vecinos en espera de completar la contratación se “cuelguen” a cambio de por lo menos 2 mil pesos con lo que compensarán el tiempo y esfuerzo invertido en los trámites.