■ Arraigan a varios de sus integrantes por posibles vínculos con el narco
Elementos de la SIEDO, bajo sospecha
Las autoridades federales encargadas de combatir a las bandas de la delincuencia organizada que operan en el país, entre ellas las que se dedican al secuestro, están hoy bajo sospecha.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que encabeza Marisela Morales, inició en julio pasado una indagatoria por presuntos vínculos del personal de esa institución, no sólo con cárteles mexicanos de la droga, como el de los hermanos Beltrán Leyva, sino principalmente con secuestradores.
Fuentes consultadas revelaron ayer que dentro de la SIEDO existe suspicacia entre compañeros. Los propios agentes del Ministerio Público desconfían de los agentes federales asignados en esa área para realizar la investigación de campo.
Los primeros resultados de esta indagatoria llevaron al arraigo, la semana pasada, de Miguel Ángel Colorado González, ex militar que estaba a cargo de la coordinación técnica de esa subprocuraduría, y de otros cinco elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
De esta forma, en lo que fue un hecho inédito, elementos de la Policía Militar, y no agentes federales como regularmente ocurre –a petición de la fiscal Marisela Morales–, cumplimentaron la orden de arraigo en esa dependencia.
El miércoles de la semana pasada, por la noche, fueron detenidos –además de Colorado González– los agentes federales Antonio Mejía Robles, Jorge Alberto Zavala Segovia, Fernando Rivera Hernández, Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto García García. Se les trasladó al centro de operaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP), en Iztapalapa, Actualmente se encuentran arraigados.
Según consta en el expediente judicial de arraigo 98/2008, al que tuvo acceso La Jornada, la indagatoria contra Colorado comenzó en julio pasado, luego de que seis integrantes de una familia fueron asesinados en su domicilio de Ciudad Guzmán, Jalisco, presuntamente a manos de un grupo de policías federales y estatales, entre ellos el agente antisecuestros de la procuraduría de esa entidad Alejandro López Alatorre.
Los registros judiciales consultados refieren que Colorado proporcionaba información a López sobre denuncias y averiguaciones que realizaba la SIEDO contra bandas de secuestradores. El policía estatal está acusado de planear y dirigir varios plagios.
Hace tres semanas, el juzgado 13 de distrito del Reclusorio Sur en la ciudad de México fue el primero en conocer de este caso, pero, para sorpresa de la PGR, le negó el arraigo a la autoridad investigadora con el argumento de que la petición no estaba “fundada ni motivada” en derecho.
Según este juzgado, el testimonio de un elemento de la AFI vinculado al multihomicidio de Ciudad Guzmán era insuficiente para arraigar a los funcionarios de la SIEDO.
No conforme, la fiscal turnó el mismo expediente pero a otro juez. La segunda solicitud recayó en un juzgado federal con sede en Toluca, donde el criterio fue distinto al primer órgano jurisdiccional y se concedió la medida cautelar, cumplimentada hace una semana por la Policía Militar.
Los registros judiciales consultados refieren que la PGR supo de los presuntos vínculos de Miguel Ángel Colorado con bandas delictivas dedicadas al secuestro, luego de que un elemento de la AFI lo delató. Este agente federal fue detenido en Jalisco y se le imputó participar en el homicidio de una familia que vivía en una casa que fue propiedad de Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura.
Por lo pronto, la SIEDO mantiene bajo sospecha a un grupo de al menos cinco agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigaciones en Delitos contra la Salud.