FOTO: Sergio Ávalos

Bosques y Organización Campesina

• Ejidos y comunidades, empecinados en defender sus recursos
• Busca el gobierno suplantar la organización legítima

Sergio Madrid

Los bosques y las selvas son un importante recurso natural que posee México y constituyen la base natural del bienestar económico y social del país. Del total de 214 países que existen en el mundo, México ocupa el lugar 14 por la extensión de su territorio forestal y forma parte de los diez con mayor diversidad biológica. No obstante el alto valor que tiene, este recurso sufre múltiples presiones y amenazas de grupos que buscar usar las tierras para ganadería, plantaciones comerciales, fruticultura, agrocombustibles y desarrollos urbanos y turísticos.

Esas iniciativas, con importante respaldo económico y político, han logrado cambiar el uso forestal del suelo en varios millones de hectáreas; sin embargo, han tenido que enfrentar el rechazo de las comunidades y los ejidos organizados que se han opuesto de manera férrea a la destrucción de sus recursos forestales.

Defensa de la tierra. De hecho, es posible afirmar que si México aún posee una enorme riqueza forestal es gracias al resguardo, conservación y protección de los recursos por parte de comunidades y ejidos. Sin la desconfiada posición que asumen permanentemente estos campesinos, empecinados en no vender sus tierras, lo más probable es que ya no existieran los manglares en las costas, la enorme biodiversidad de los desiertos se hubiese extinguido y nuestras selvas fuesen sólo un recuerdo, como en otros muchos países donde la sobreexplotación de caobas y otras maderas preciosas han terminado con estos ecosistemas.

La aferrada posición campesina no es sólo por la defensa de la tierra sino también en favor del cuidado y buen manejo del recurso. Así lo demuestran varias docenas de comunidades y ejidos forestales que han obtenido el certificado internacional de buen manejo forestal otorgado por el Forest Stewardship Council (FSC). Esta entidad otorga su certificación a las operaciones forestales que demuestran cumplir con los estándares internacionales, después de intensos procesos de evaluación externa. Los informes del FSC reportan que han sido certificadas más de 600 mil hectáreas propiedad de ejidos y comunidades principalmente en Durango, Chihuahua, Oaxaca y Quintana Roo.

Acciones colectivas. Los campesinos han podido realizar el resguardo de sus bosques y selvas gracias a una gran capacidad de organización interna y regional, gracias también al carácter colectivo de la propiedad de los bosques y la necesidad de regular el uso común. Esto ha propiciado que la mayor parte de los ejidatarios y comuneros se reúnan periódicamente en asamblea para discutir y analizar las cuestiones relacionadas con sus territorios, y determinan democráticamente las acciones de protección, conservación y aprovechamiento, con base en cargos otorgados, mecanismos de supervisión y reglamentos que las mismas comunidades generan. Este esfuerzo colectivo deriva en una importante sinergia para proteger el bosque contra los incendios y el robo de madera, para impulsar prácticas de manejo forestal sustentables y para mejorar las condiciones de vida de la población local.

Estimaciones actuales señalan que hay unas nueve mil comunidades que poseen terrenos forestales, de las cuales un porcentaje importante cuenta con un plan de manejo forestal y muchas otras han integrado un ordenamiento territorial comunitario en el que han definido áreas para la conservación, lo que constituye sin lugar a dudas una gran aportación a la sustentabilidad de los bosques y las selvas mexicanas.

Las comunidades y los ejidos también suelen conformar organizaciones intercomunitarias para atender problemáticas regionales y sumar esfuerzos que les permitan competir en los mercados, realizar un aprovechamiento sostenible y desarrollar acciones conjuntas para el resguardo de sus bosques.

Asociaciones impuestas. A pesar de su valioso esfuerzo para manejar de manera sostenible los bosques y mantenerse en un mercado internacional muy competido, las organizaciones han enfrentado a menudo acciones adversas, como la reciente creación gubernamental desde el escritorio de 219 asociaciones regionales de silvicultores (ARS) que, sin tomar en cuenta los esfuerzos de décadas de organización regional, han sido impuestas como principales interlocutores. Todo esto responde a una obtusa visión desde el Estado, que entiende a la organización espontánea como una amenaza por representar un sector de la sociedad que se reúne, analiza colectivamente y plantea demandas en torno a sus intereses.

Lo anterior da cuenta de la gran importancia de los ejidos y las comunidades en el aprovechamiento, la producción y la conservación forestal en México, y de la necesidad de políticas gubernamentales que, más allá de paternalismos y mecanismos de control, logre reconocer el gran potencial que subyace en éstos para lograr el desarrollo económico y social de las comunidades rurales y la recuperación de los ecosistemas que hacen posible el bienestar nacional.

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Manejo Comunitario en Tiempos de Crisis

Gustavo Sánchez

Con casi dos años cumplidos, el gobierno de Felipe Calderón empieza a reconocer con señales tímidas la gravedad de los problemas forestales del país. Ya era hora y esperamos que no se les vaya el sexenio en ello.

No se puede ocultar por más tiempo que en el sexenio foxista hubo una relación inversamente proporcional entre resultados y recursos invertidos en materia forestal. Las cuentas nacionales son dramáticas: disminución de la producción maderable y de la superficie bajo manejo, crecimiento del déficit comercial en productos forestales y de la tala ilegal, pérdida de competitividad, integración pobre de cadenas de valor y poca mejoría en las condiciones de vida de la población marginada que habita en las regiones forestales.

Propiedad social. Frente a esta realidad, el papel del manejo forestal comunitario y de la organización campesina se revaloriza como la principal estrategia a seguir en un país donde cerca de 80 por ciento de las tierras forestales pertenecen a ejidos, comunidades indígenas y pequeños productores.

Es esta estrategia la que hemos tratado de impulsar y fomentar en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf). Nos constituimos formalmente en 1994, agrupando a organizaciones regionales de dueños y poseedores de terrenos forestales, a sus empresas y a sus equipos técnicos, preocupados por el creciente deterioro de los ecosistemas naturales, del empobrecimiento y la falta de oportunidades de la población que habita en ellos; de la ausencia de políticas públicas que impulsaran el manejo forestal sustentable, así como de la falta de una representación que a escala nacional defendiera sus intereses.

Autonomía. Elegimos la figura de red como alternativa a los modelos existentes de central campesina, aspirando a construir un espacio donde cada organización socia es autónoma en sus decisiones internas y en el manejo de sus recursos, y en el que se construyera una agenda de trabajo conjunto en torno a intereses comunes.

Como parte fundamental de nuestra actividad hemos impulsado a los productores potenciales para apropiarse de su proceso productivo, y a los que ya tenían aprovechamiento, a integrar sus cadenas de valor. Hemos fomentado la diversificación productiva con actividades sustentables, el desarrollo de capacidades propias y la autogestión.

Respecto de la política pública, hemos participado en la discusión de la legislación y normatividad aplicable al sector forestal, defendiendo los intereses de nuestros compañeros y de sus organizaciones, así como en la creación de instrumentos de apoyo al manejo forestal comunitario.

Programas y presupuestos. En los 90s impulsamos la creación del Programa para el Desarrollo Forestal (Prodefor), que permitió que muchos ejidos y comunidades se apropiaran de su proceso productivo y que se elevara significativamente la producción forestal maderable en el sexenio 1994-2000, e iniciamos una larga gestión y lucha para que el Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales con fines Comerciales (Prodeplan) se transformara de ser un instrumento al servicio exclusivo de grandes corporaciones a uno que apoya también a ejidos y comunidades interesadas en esta actividad productiva.

En la coyuntura del movimiento campesino de 2003 logramos que el gobierno federal se comprometiera en el Acuerdo Nacional para el Campo a reconocer la multifuncionalidad de los ecosistemas forestales, mas allá de su papel de productores de materias primas. Con apoyo del Congreso conseguimos que en 2004 el gobierno federal accediera a crear el programa de Pago por Servicios Ambientales en Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales.

Una de las deformaciones en política pública de la administración pasada y que se arrastra por inercia en la actual es creer que corporativizando a los dueños y poseedores de los recursos forestales se creará una organización social fuerte que represente los intereses del sector social. Modificar esta política anacrónica es un reto para organizaciones como la Red Mocaf, pero también lo es para el país entero si aspiramos a construir una sociedad más equitativa, democrática y transparente y si aspiramos a conservar lo que queda de nuestros recursos forestales, a incrementarlos y a manejarlos sustentablemente para las generaciones futuras.

Director de Red Mocaf

Quintana Roo y Campeche La reglamentación forestal frena producción y exportación chiclera En juego, oportunidades de mercado para producto orgánico Manuel Aldrete Terrazas En Quintana Roo y Campeche, México cuenta con una región de selva natural de un alto valor ambiental –que involucra el corredor ecológico que va de la reserva de Sián Kaan a Calakmul– donde el chicle, como actividad no maderable, genera ingresos a la población rural y alienta la conservación del recurso forestal. La extracción del chicle es y ha sido una actividad económica muy importante en esta zona denominada Gran Petén; poco más de dos mil chicleros laboran cada temporada en su selva. La conservación del chicozapote y de su entorno, así como el fomento y la comercialización de la goma natural son la base de la preservación de la selva. El chicle es la segunda fuente de ingresos del sector forestal en Quintana Roo y Campeche; se exporta en su totalidad a Corea, Japón, Indonesia y Europa, y genera una derrama económica anual en la región de un millón y medio de dólares aproximadamente. Burocracia y pérdida de mercado. Sin embargo, a causa del reglamento forestal –que sobre-regula con una tramitología para el aprovechamiento y movilización difícil de cumplir– el chicle ha sufrido fuertes contracciones en su producción en los años recientes, lo que ha afectado su mercado y el manejo y la rentabilidad de los sistemas productivos, dañando seriamente la economía de las comunidades forestales del Gran Petén. Las exportaciones han caído hasta en 40 por ciento. Esto es muy lamentable ahora que se están abriendo nuevas oportunidades de mercado. Para este 2008 se tiene previsto iniciar operaciones comerciales con un producto de alto valor agregado, la goma de mascar orgánica chicza, de la que se espera obtener más de tres millones de dólares en la temporada agosto 2008-febrero 2009. En un esfuerzo por contar con información técnica profesional para una planeación estratégica de los aprovechamientos del chicle, los productores de la región realizaron en 2002 el “Estudio para el ordenamiento de la actividad chiclera en el estado de Quintana Roo”, que recabó datos de campo y determinó la capacidad productiva. El resultado fue que hay un recurso forestal renovable, sano, con una gran capacidad regenerativa y compatible con el medio ambiente y el desarrollo de la economía de las comunidades forestales. Producto noble. El aprovechamiento del látex del chicozapote no daña al ecosistema, su extracción no mata al árbol, ni siquiera se requiere que éste se corte. Con estos argumentos, llegamos a la conclusión que la normativa actual para el chicle es inadecuada y frena el desarrollo de una actividad forestal que genera divisas. Aunado a ello, la normativa no contempla una metodología práctica, flexible y económica para el cálculo de posibilidad de aquellos montes pobres en maderas preciosas y decorativas pero que tienen un gran potencial en chicozapote. Al desalentarse el aprovechamiento del chicle, la selva se desvalora y corre el riesgo de mayor presión para cambio de uso del suelo: se agudizan las presiones para la deforestación. Recordemos que en la medida que el bosque adquiere valores más diversos con sus productos, más oportunidad tiene para asegurar su conservación. Malas regulaciones e impuestos disfrazados. Preocupa particularmente que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 97, sección 3, es contradictoria, y abre el espacio para la sobre-regulación. En la primera parte de su texto dice a la letra que “el aprovechamiento de recursos no maderables únicamente requerirá de un aviso por escrito a la autoridad competente”, esto es, induce contundentemente la simplicidad, pero luego dice que “el reglamento o las normas oficiales mexicanas establecerán los requisitos y casos en que se requerirá autorización y/o presentación de programas de manejo simplificado”, lo cual ha propiciado un exceso de tramitología y costos excesivos para le productor. Podemos citar por ejemplo: para obtener la autorización para el aprovechamiento del chicle es necesario contar con un plan de manejo, donde por lo general los prestadores de servicios contemplan el número de árboles pero dejan fuera la capacidad productiva de látex, y una notificación de aprovechamiento de chicle acompañada de un estudio justificativo que contemple todos los elementos de un estudio de impacto ambiental, con un costo aproximado de 600 mil pesos por predio o comunidad. Creemos que una normativa más adecuada con relación a la solicitud, notificación, informes de paso de año, etcétera, debería ser más flexible, que responda a la naturaleza del producto y su mercado, bajo la responsabilidad única de los dueños y poseedores del recurso, ello alentaría mucho su aprovechamiento en beneficio de la economía forestal de la región. De otra forma, se está condenando a los ejidatarios, comuneros y al sector agrario en general a regulaciones que les dan trato de menores de edad. Otro factor crítico en la producción del chicle es el pago de “derechos” que debe hacerse a la Secretaría de Hacienda, y que particularmente lastima el bolsillo de los campesinos con predios de bajo rendimiento (menos de cuatro toneladas por anualidad). Los “derechos” en realidad son impuestos, pero Hacienda usa ese eufemismo, debido a que, por ley, los ejidos y comunidades están o deberían estar exentos del pago de impuestos. Consorcio Chiclero [email protected]

Oaxaca

Celebran 25 Años de la Recuperación de sus Bosques

• La lucha contra el decreto privatizador de López Portillo

Francisco Chapela

Hacia 1956 el gobierno federal buscaba propiciar inversiones para aprovechar el “tesoro forestal” u “oro verde” que yacía en las sierras Sur y Norte de Oaxaca, y otorgó concesiones por 25 años sobre los bosques comunales indígenas a empresas madereras y papeleras, a cambio de generar las divisas que traerían servicios públicos, desarrollo y bienestar a las comunidades pobres de Oaxaca.

A principios de los 80s, al acercarse el vencimiento de las concesiones, las promesas no se habían cumplido. Pero lejos de reconocer el fracaso, el gobierno federal cedió a las presiones de madereros y de la industria del papel para que se les ampliaran las concesiones por otros 25 años.

La administración de José López Portillo desoyó las peticiones de que no se otorgaran más concesiones sobre los terrenos comunales y expidió un decreto para su continuación. Ante ello, las comunidades forestales de Oaxaca, agrupadas en la Organización en Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (Odrenasij) se reunieron en Santiago Comaltepec el 17 de diciembre de 1982 para analizar la situación, vista como una amenaza de avance de la privatización o enajenación de los bosques comunales.

Amparo a favor de campesinos. Unos días después de esa junta en la Sierra Norte, las comunidades de San Pedro el Alto y San Vicente Lachixío, de la Sierra Sur, se reunieron con 13 comunidades afectadas con la posible renovación del decreto a favor de la Compañía Forestal de Oaxaca.

Esta historia fue recordada por antiguos líderes y participantes del Movimiento por la Recuperación de los Bosques Comunales de Oaxaca, que se reunieron el 19 de abril pasado en San Pablo Guelatao. Entre ellos estaban el antropólogo Jaime Martínez Luna; Teodoro Castillo y Anacleto Ruiz, de la comunidad de La Trinidad, y el presidente del comisariado de Pueblos Mancomunados, Delfino Hernández.

Don Teodoro Castillo, quien era el agente municipal de la comunidad La Trinidad en 1980, expresó que para él la lucha “fue sagrada, porque pensábamos mucho más a futuro”. Con el apoyo de un grupo de profesionistas comprometidos, el 23 de marzo de 1983, un juez federal otorgó el amparo provisional a las 27 comunidades de la Sierra Norte y Sierra Sur de Oaxaca que se inconformaron en contra del decreto de concesión de sus bosques a particulares o paraestatales.

A 25 años de manejo comunal de los bosques, lejos de deteriorarse, están bien cuidados, sanos y vigorosos. Resulta difícil encontrar terrenos susceptibles de reforestar para las campañas del gobierno, pues lo que antes eran tierras degradadas, hoy son terrenos forestales productivos.

En La Trinidad tenemos “sólo 732 hectáreas. No es mucho, pero si se le hubiera dejado a la Papelera ya estaríamos en la calle”, dijo Teodoro Castillo, quien a sus 80 años, sigue siendo un líder lúcido que recordó haber actuado inspirado por una frase: “No hay nada más precioso bajo el cielo que la libertad de los oprimidos”.

Apoyo de la sociedad. En la reunión fue posible escuchar los testimonios de los antiguos líderes del movimiento contra las concesiones, así como de diversos aliados que, a título personal o como parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, apoyaron esta lucha. Entre ellos, estuvieron Alfonso González, del Grupo de Estudios Ambientales; Xóchitl Ramírez, fundadora de Estudios Rurales y Asesoría; Francisco Chapela; Yolanda Lara; Altagracia Villareal, entonces integrante del Centro Nacional de Misiones Indígenas, y Francisco Abardía, quien fungió como abogado del caso.

En las conclusiones se mencionó que la victoria de las comunidades demostró que “es posible, por medio de la vía legal y pacífica, encontrar respuesta a nuestras demandas cuando nos asiste la razón”.

Hoy, no obstante los logros y la autoridad moral conseguida, los líderes de las comunidades luchan para ser interlocutores directos en la construcción del nuevo marco legal forestal que actualmente se discute para el estado de Oaxaca. También piden que se simplifiquen las numerosas regulaciones, las cuales reducen y retrasan enormemente los proyectos de las comunidades y han provocado una caída alarmante de la producción forestal a los niveles de hace dos décadas.

En semejanza con La Odisea hoy, igual que 25 años atrás, los dirigentes políticos están tentados por el canto de las sirenas, que prometen desenterrar tesoros y salvar a los pobres con los milagros de la privatización. La lucha terca de las comunidades de Oaxaca podría ayudar a que esos cantos no desvíen el barco y lo hagan naufragar al abandonar las rutas seguras en que los políticos escuchan al pueblo y no a las sirenas que ofrecen milagros. Igual que hace 25 años, la inteligencia de las comunidades de Oaxaca nos ayuda a encontrar esas rutas seguras.

Estudios Rurales y Asesoría Campesina, AC [email protected]