Usted está aquí: miércoles 13 de agosto de 2008 Política Por “desesperación”, la falta de empleo lleva a mucha gente a delinquir: CCE

■ Los niveles de inseguridad en México son ya “insostenibles”, advierte la Concamin

Por “desesperación”, la falta de empleo lleva a mucha gente a delinquir: CCE

■ Por temor a que las autoridades estén coludidas con delicuentes no se levantan denuncias

Julio Reyna Quiroz

Además de la impunidad, la falta de crecimiento económico y de generación de empleos provocan actos ilícitos por la “desesperación” de las personas de no encontrar una fuente de trabajo, afirmó este miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo-Loza.

Otro factor que origina la ola de delincuencia es el nulo crecimiento de la economía: “seguimos sin avanzar en competitividad” y no se generan puestos de ocupación, afirmó el empresario.

“Hay mucha gente de 30 años que busca una oportunidad de empleo y no la encuentra. Es más fácil que esa gente se vincule al crimen organizado por la desesperación de no hallar una oportunidad. (Ellos) representan un blanco fácil para el narcotráfico”, expresó Paredes Arroyo-Loza en entrevista.

Es vulnerable un joven que apenas empieza y no tiene oportunidades, por tanto, es necesario “entrar fuerte” en materia de competitividad, para que la iniciativa privada pueda desarrollarse y generar fuentes de trabajo, señaló.

Las empresas privadas, explicó el dirigente del CCE, son las mayores creadoras de empleo y no el gobierno. De allí la urgencia de “avanzar en temas que generen competitividad”, como la desregulación.

No obstante, el principal problema de la inseguridad radica en la impunidad, pues sólo uno de cada cien crímenes que se cometen es sentenciado, reiteró el empresario.

El lunes, el gobierno federal convocó a acuerdos nacionales para depurar los cuerpos de seguridad pública. En tanto, el Gobierno del Distrito Federal anunció 20 acciones para combatir la delincuencia, entre ellas poner fin a la Policía Judicial.

Paredes Arroyo-Loza reconoció que el presidente Felipe Calderón ha expresado su preocupación por la inseguridad en el país, aunque la “realidad es que el Estado no está cumpliendo su tarea de garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Las medidas anunciadas pueden contribuir a mejorar la seguridad, planteó el empresario, pero desde el punto de vista del CCE es necesario acabar inmediatamente con la impunidad mediante la aprobación de las leyes secundarias en materia de seguridad y justicia penal.

“El CCE está claro en que va con todo para materializar la reforma de seguridad y justicia penal, y el Congreso debe asumir su responsabilidad”, añadió.

Paredes Arroyo-Loza consideró importante cambiar el sistema de impartición de justicia y definir “quién tiene facultades de prevención de delitos, quién de investigación y quién de procuración de justicia”.

Ejemplificó que la gente tiene miedo de acudir a una agencia del Ministerio Público porque piensa que los funcionarios están involucrados con la delincuencia organizada.

En múltiples casos, los agentes dependen de los gobiernos de los estados y eso influye en que la procuración de justicia “no sea transparente o que esté manipulada”.

La mayoría de los delitos en el país, dijo el empresario, es del fuero común. Indicó además que en México hay muchos policías que saben leer, pero no todos, por lo que también es importante emprender acciones para que la población recupere la confianza en las fuerzas del orden.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia Núñez, aseveró que los niveles de inseguridad en el país son ya “insostenibles”, lo cual ha frenado las inversiones.

Indicó que la inseguridad provoca que la sociedad “esté levantando la voz” y por ello se llevarán a cabo marchas en demanda de solucionar esta problemática.

“Hay inversiones que están detenidas, aunque no hay datos al respecto”, indicó Plascencia Núñez, quien denunció que para los industriales la inseguridad es más severa en estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán.

En esas entidades se está generando un tipo de inseguridad diferente al que estaban acostumbrados los industriales, señaló la organización patronal.

 
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