Usted está aquí: lunes 11 de agosto de 2008 Capital Abogados católicos apoyan el volumen del GDF

Abogados católicos apoyan el volumen del GDF

José Antonio Román

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no debe prohibir la distribución del libro de texto sobre sexualidad, editado por el Gobierno del Distrito Federal para estudiantes de bachillerato y tercer grado de secundaria, consideró el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez.

“Creo que los gobiernos, lejos de no encontrarse, en esta ocasión deben dialogar para sacar adelante un muy buen libro sobre el tema de sexualidad, y un programa conjunto a escala nacional”, dijo el abogado, entrevistado al término de la misa del cardenal Norberto Rivera, en la Catedral Metropolitana.

Señaló que si bien el libro del gobierno capitalino no dice mentiras, también reproduce verdades a medias, en un tema que debe ser abordado de manera integral. Es decir, añadió, al libro le faltan tratar valores como la fidelidad y las uniones estables, que “reducen de manera importante los índices de contagio de enfermedades de transmisión sexual.

“Nosotros no nos oponemos a que haya libros de texto sobre sexualidad, al contrario, son bienvenidos, pero que no sean con una visión sesgada de un tema tan importante como lo están haciendo en este momento”, dijo Martínez, pues en las páginas se demuestra que el tema “está siendo abordado sólo desde la parte erótica del uso del cuerpo y no de la plenitud del ser humano”.

Comentó que su organización busca entrevistarse con el secretario de Educación del gobierno capitalino, Áxel Didriksson, para darle a conocer su punto de vista sobre el volumen, “porque queremos que el tema de la sexualidad sea abordado de manera integral”.

Insistió que están en contra de que la SEP prohibida la distribución del texto, pues “no estamos en un país de censuras y nadie tiene la verdad absoluta en materia de educación”, ni la Secretaría de Educación federal ni la del Gobierno del DF.

Por otra parte, el abogado aseguró que regresar a la instalación de la pena de muerte en el sistema judicial del país representaría un paso atrás en materia de derechos humanos. “De alguna manera la legislación mexicana permite la aplicación de la prisión vitalicia, pues si bien las penalidades máximas son de 50 años de prisión, éstas son acumulables, por lo que hay gente que prácticamente está purgando cadena perpetua”.

Dijo que el endurecimiento de las penas a los delincuentes no inhibe los actos delictivos, pues México sigue siendo un país con elevados índices de impunidad. Además, lo que sí puede reducir la comisión de los delitos es una educación en valores, sociedades que respeten la ley, el marco del Estado de derecho con un entendimiento en la sociedad y acabar con la impunidad.

Sostuvo que se debe castigar a quienes infrinjan la ley, por lo que es apremiante llevar a cabo una reforma al sistema de justicia que termine con las deficiencias en el Ministerio Público, que permiten a la delincuencia operar en la impunidad.

 
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