■ No es la primera vez que EU aplica la pena capital a un beneficiario de medidas cautelares
Condena la CIDH la ejecución de Medellín
■ Ese país, de los más reacios a respetar los derechos humanos, señalan organismos internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la ejecución de José Ernesto Medellín, ya que Estados Unidos no tomó en cuenta las medidas cautelares otorgadas a favor del mexicano por el organismo el 6 de diciembre de 2006, y las recomendaciones del informe de fondo del 24 de julio de 2008.
Esta no es la primera vez que las autoridades estadunidenses ordenan la ejecución de una persona beneficiaria de medidas cautelares, asentó en un comunicado la CIDH.
Medellín, abundó, no contó en su proceso penal con asistencia consular ni se le respetó el derecho a notificación, por lo que no se cubrieron los estándares mínimos del debido proceso y de juicio justo, como se establece en la Declaración Americana.
La CIDH instó a las autoridades de Estados Unidos a aplicar todas las medidas cautelares que dicte y exigió el respeto pleno y adecuado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente –insistió– las derivadas de la Declaración Americana.
De su lado, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) lamentó la ejecución de Medellín.
También mediante un comunicado, el organismo mexicano criticó la hipocresía con que se conducen las autoridades estadunidenses, ya que por un lado han adoptado el papel de promotoras de los derechos humanos y la democracia en el mundo, y sin embargo Estados Unidos ha sido señalado por organizaciones internacionales de derechos humanos –relatores especiales de la Organización de Naciones las Unidas (ONU) y por la CIDH– como uno de los países más reacios a respetar las garantías fundamentales.
La CMDPDH exhortó al gobierno del presidente Felipe Calderón a que “conforme a sus atribuciones proteste, empleando todos los medios diplomáticos a su alcance, ante esta ejecución que privó de la vida a un ciudadano mexicano”.
En el primer párrafo del comunicado, difundido el mismo día en que el presidente Calderón anunció en cadena nacional que envió una propuesta de reforma legislativa para endurecer las penas contra secuestradores e implantar la pena capital en ese tipo de delitos, la CMDPDH aseveró que deplora la aplicación de la pena de muerte.
Finalmente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 58 organizaciones, señaló en un boletín informativo que “el mensaje del Ejecutivo federal se enmarca en la exigencia de justicia, luego del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, así como de las evidencias de que policías del Distrito Federal y federales pudieran estar involucrados.
“El mero endurecimiento de las penas no parece ser la respuesta adecuada a la exigencia de justicia, y la sanción de cadena perpetua no ofrece ninguna garantía para disminuir el delito.
“Consideramos que más bien el problema radica en el ineficiente sistema de justicia que existe en el país”, sostuvo esta red de organizaciones.