■ La priísta Ivonne Ortega apoya la propuesta de instaurar la pena de muerte
Hallan muerto en Chiapas a empresario agrícola que fue secuestrado en Tabasco
■ La familia pagó $5 millones y pidieron más
■ Arrestan en Nayarit a otros cuatro plagiarios
El empresario agrícola Cenovio Argáez Zurita, secuestrado el pasado 29 de julio en Balancán, Tabasco, fue hallado muerto este jueves en Palenque, Chiapas. Similar suerte corrió Marco Iván del Rincón Jarero, hijo del empresario y militante panista sinaloense Jorge del Rincón Bernal –quien era tío del fallecido Manuel J. Clouthier, Maquío, candidato presidencial por el PAN en 1988–, a quien se encontró sin vida en Culiacán, Sinaloa.
Efectivos del Ejército Mexicano hallaron el cuerpo de Argáez Zurita –quien contendió por la alcaldía de Balancán por el PAN en 2000– en un camino vecinal de la ranchería Montaña, municipio de Palenque, dentro de una camioneta Ford Lobo, color gris plata y sin placas de circulación. El agricultor presentaba signos de tortura y presuntamente fue estrangulado con un alambre.
La familia de Argáez Zurita pagó 5 millones de pesos de rescate. Según vecinos de la víctima, los plagiarios exigieron más dinero.
Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit informó que fueron detenidos José Ángel Rochín Gaytán, Sixto Rochín Soto, Jairo Rochín Soto y Samuel Cárdenas Ontiveros, acusados de secuestrar al empresario Anastacio Palomera Rochín el 28 de julio pasado en el poblado San Vicente, municipio de Bahía de Banderas, quien recuperó la libertad el primero de agosto después que se pagó un rescate de 482 mil pesos.
■ Peña Nieto y Bours Castelo, en contra
■ Marco Adame da respaldo a Calderón
R. Ramón, U. Gutiérrez, L. A. Boffil y C. García, corresponsales y La Jornada Morelos
Ante la propuesta del presidente Felipe Calderón de instaurar la pena de cadena perpetua a secuestradores, los gobernadores priístas de los estados de México, Enrique Peña Nieto, y Sonora, Eduardo Bours Castelo, señalaron que no es incrementando las condenas como se evitará ese delito. Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, apoya la pena de muerte
Peña Nieto manifestó que no es con la elevación de condenas o la pena de muerte como se abatirá la delincuencia, sino con la aplicación eficiente de las que ya existen, pues el aumento de los castigos no solucionará el problema de la inseguridad.
El gobernador mexiquense pidió “no permitir que cada tragedia que se vive en muchas familias haga que la autoridad reaccione queriendo ahora sí, ahogado el niño, tapar el pozo”, en referencia al caso del menor Fernando Martí, plagiado y asesinado.
Bours Castelo, en tanto, señaló que la cadena perpetua no es solución si no se busca primero detener a quienes cometen ese y otros delitos. “El problema en México es la impunidad, parece que más que pensar en endurecer las penas tenemos que agarrar a los que cometen los delitos.”
En ese contexto, y a raíz de la detención del secuestrador Mario Alberto Sulú Canché, quien confesó haber plagiado, violado y asesinado a Guadalupe de los Ángeles Rodríguez Méndez, Alma Lucely Canul Ciau y Leydi Marlene Pech Canul, oriundas de comunidades de Yucatán, la gobernadora Ortega Pacheco se pronunció en favor de la pena de muerte contra quien cometa ese delito.
Lo delicado del tema, indicó, es que el Legislativo federal deberá tomar una decisión pronto. Agregó que respeta la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero argumentó que los homicidas tampoco respetaron las garantías de sus víctimas.
Por su parte, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo González Sada, afirmó que de nada sirve que el Congreso de la Unión instaure la cadena perpetua si hay impunidad y los cuerpos policiacos son corruptos e incompetentes.
En una reunión de ese organismo en León, Guanajuato, el empresario dijo que de cada cien delitos cometidos, el Ministerio Público sólo consigna ante un juez a 0.7 por ciento de detenidos.
El obispo de Nezahualcóyotl, Carlos Garfias Merlos, apoyó la propuesta de aplicar la pena de muerte para algunos delitos graves, como el secuestro.
El gobernador panista de Morelos, Marco Adame Castillo, respaldó la iniciativa de Calderón: “tiene mérito y valor, y queda en claro que quien se decida por el camino de la delincuencia, particularmente el secuestro, va a tener todo el peso de la ley sobre sí”.