Ciudad Perdida
■ Caso Martí: mediación fallida
■ Los Pinos y la paja en el ojo ajeno
Dos cosas quedaron claras para la familia Martí: la mediación de las empresas privadas dedicadas al rescate de personas secuestradas no da resultados positivos; y dos, la división entre la Procuraduría General de la República y la Policía Federal Preventiva inmoviliza las acciones que deberían darse en situaciones extremas como el secuestro.
Personas allegadas a esa familia aseguran que el padre del niño Fernando Martí acudió a las instancias federales en busca de la ayuda que la empresa mediadora privada no pudo darle. El rescate acordado con los secuestradores ya se había dado, y seis días después de haber entregado el dinero no había noticias del niño.
No se sacó mucho de las entrevistas con la instancia federal, si acaso datos y expedientes sobre la forma de operar de algunas bandas que coincidían con la información que proporcionaron los testigos del secuestro, pero según se dice, nada en claro, nada que pudiera auxiliar al señor Alejandro Martí para localizar a su hijo y sus secuestradores.
Alejandro Martí es un hombre muy cercano al Gobierno del DF, él es quien organiza, cada año, el maratón de la Ciudad de México, y ha cooperado en innumerables acciones para apoyar las obras y los proyectos gubernamentales, por eso, desde el momento en que se supo oficialmente del problema de la familia, es decir, al día siguiente del secuestro, cuando fueron encontrados los cuerpos del chofer y el guardaespaldas del niño, se trataron de echar a andar los mecanismos de investigación de la procuraduría capitalina, pero los negociadores, encabezados por Ernesto Mendieta, ex fiscal antisecuestros de la PGR con Jorge Madrazo como procurador general, hasta 1997, exigieron que la policía se hiciera a un lado.
No obstante, las entrevistas entre Alejandro Martí, padre de Fernando, y Marcelo Ebrard se hicieron cotidianas, y las pesquisas de la policía empezaron a arrojar datos como que el comandante José Luis Romero Ángel había pedido información sobre el guardaespaldas del niño. Entonces apareció el cadáver de Fernando y casi de inmediato se detuvo al policía.
Para las autoridades de la PGJDF los policías arraigados están ligados al secuestro y muerte de Fernando, y sus declaraciones son claves para dar con todos los miembros de la banda, en la que podrían estar inmiscuidos otros miembros de la policía.
El caso aún tiene partes oscuras que deberá resolver la autoridad, pero desde luego el crimen ha sido utilizado desde Los Pinos para condenar, una vez más, al gobierno de la ciudad, y para tapar, eso sí, los graves errores de las agencias federales de seguridad, responsabilidad que se pretende eludir desde el poder.
Ya era hora, por ejemplo, de que en los dramáticos discursos de Felipe Calderón se dijera algo sobre la familia masacrada en Jalisco, donde dos niñas fueron ultimadas por manos criminales apenas un par de días antes de que se encontrara el cuerpo sin vida de Fernando Martí.
Ya era hora de que se dijera qué es lo que pasa en el estado de México, o en Guanajuato, o en Guerrero, o en casi todos los estados de la República donde ocurren secuestros y levantones, pero, como en el caso de Jalisco, se tendría que condenar al panismo, y en los otros estados a sus aliados políticos, pero se prefirió guardar un silencio oprobioso que sólo habla de venganza y odio.
Qué fácil sería que con una foto de Calderón y el jefe de Gobierno de la capital, en la que quedara constancia de que Marcelo Ebrard se dobló, se terminara con la violencia que podríamos llamar estructural, porque parte es propia de las condiciones sociales que impone el capitalismo global, que produce excluidos de los servicios sociales, de la educación, familias sin techo, gente sin empleo, individuos atrapados en la urgencia de gastar dinero fácil logrado por el crimen para satisfacer necesidades ficticias creadas por el vicio del mercado. Qué fácil sería que todo eso despareciera con sólo una foto. Lástima que eso no ocurre ni en foxilandia.
Y qué lástima, además, que desde ningún gobierno, federal o local, se avizore un plan integral que busque corregir la tendencia al crimen hacia donde parece caminar esa parte de la sociedad que se considera desahuciada.