Usted está aquí: sábado 26 de julio de 2008 Opinión Participación democrática ciudadana

Miguel Concha

Participación democrática ciudadana

La Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), miembro de la Coalición Ciudadana Nacional, difundió esta semana un documento en el que se manifiesta en favor de que se realice una consulta amplia a la ciudadanía, en relación con las iniciativas enviadas al Senado para modificar el marco normativo que rige a Petróleos Mexicanos.

Tomando en cuenta que tales iniciativas están más en consonancia con lo “sugerido” o “señalado” al gobierno sobre la industria petrolera nacional por organismos internacionales, como el Banco Mundial, esto impone que la Cámara de Senadores, como representantes de la voluntad ciudadana, atienda cabalmente su responsabilidad de salvaguardar el interés nacional y mantener, ante todo, la soberanía del pueblo.

Por tanto, deben escuchar los planteamientos hechos por todos los sectores de la sociedad. Para la ADOC escuchar a los mandantes es una obligación de los mandatarios. Para que la acción parlamentaria cuente con la necesaria legitimidad en el Congreso es indispensable escuchar la opinión de todos los sectores de la población; integrar al proceso de toma de decisiones todas las opiniones expresadas durante los foros realizados en el Senado, así como las de los diferentes colectivos que tengan una postura y propuesta al respecto, y conducirse bajo los principios de la preservación del interés nacional sobre los intereses privados, acatando el principio democrático establecido en nuestra Carta Magna de escuchar al depositario de la soberanía del país, es decir, al pueblo.

La ADOC es una articulación formada por más de 70 organizaciones y redes de organizaciones civiles del norte, centro y sur de la República, que desde los años 70 del siglo pasado impulsan los derechos humanos y la democracia en todos los ámbitos de la convivencia social. Coinciden en la necesidad de definir reformas, cuyo centro ya no sean los llamados “programas de ajuste estructural y compensación social”, sino políticas públicas basadas en la redistribución de la riqueza y en los derechos humanos, con amplia participación ciudadana.

Para la ADOC, el modelo actual de desarrollo se define por el proyecto de sustituir empresas, trabajadores y productos nacionales por empresas globales financieras, industriales y comerciales, así como por la supresión de las responsabilidades del Estado en el fomento económico, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, principalmente por empresas de inversión extranjera, y la eliminación de los mercados interno y público como impulsores del desarrollo.

En su documento en favor de una reforma energética que fortalezca la soberanía nacional y profundice la democracia, la ADOC reporta que según un análisis de mayo de este año del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC, la enfermedad económica de México tiene el siguiente diagnóstico: El equilibrio macroeconómico se sostiene de manera precaria por tres causas principales, a saber, la exportación sin valor agregado de una materia prima no renovable y estratégica, la producción en las maquiladoras y las remesas enviadas por los trabajadores indocumentados. Dicho equilibrio se logra por la sistemática reducción del crecimiento, del gasto público y del poder adquisitivo del salario, en tanto que la acumulación de los sectores más dinámicos de la economía está vinculada con cadenas de valor de otros países, donde generan empleos, tecnologías y pagan impuestos.

Para la ADOC las iniciativas presentadas en materia energética profundizan nuestra subordinación a intereses extranjeros, la dependencia y desindustrialización de México, el fracaso económico y la desigualdad social, y son la puerta para que Pemex deje de ser una empresa pilar y estratégica en el desarrollo soberano de la nación. Por ello, reafirma la necesidad de sumar esfuerzos en torno a un pacto nacional, entre todos los sectores del país, para impulsar una política de desarrollo económico y social que beneficie a todos, y garantice la soberanía energética y alimentaria de México, como asuntos de seguridad nacional. Y se suma al proyecto alternativo integral sobre Pemex, que dieron a conocer decenas de organizaciones civiles de inspiración cristiana, y cristianos de base, así como iglesias de México y América Latina en el documento “Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma del sector energético del país”, al que me referí en mi colaboración del 19 de abril.

Además de las sintomáticas omisiones y sospechosas contradicciones que la ADOC encuentra en el diagnóstico de la Secretaría de Energía sobre Pemex, para fundamentar las iniciativas del titular del Ejecutivo federal, algunas de ellas ya ventiladas por muchas voces en los foros del Senado, en su pronunciamiento resulta de particular relevancia el análisis que la ADOC hace de la vinculación entre esas propuestas y las recomendaciones del Banco Mundial (BM). Consigna que a propósito de los desafíos del desarrollo, el BM ya “aconsejaba” otro “marco legal”, que es el que se ha tenido en cuenta en las propuestas de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Es esa la decisión soberana que quieren asumir?

 
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