Editorial
Sida: responsabilidad de Estado
Los señalamientos hechos recientemente por la Secretaría de Salud federal (Ssa) en el sentido de que, con el argumento de la protección de las patentes, los medicamentos antirretrovirales –imprescindibles para los tratamientos de los enfermos de VIH-sida– son vendidos en nuestro país en precios hasta cuatro veces más altos que en otras naciones con ingresos semejantes, ponen en perspectiva una práctica inhumana, discriminatoria e inmoral de algunos gigantes de la industria farmacéutica internacional que, inmersos en una lógica de mercado, ven la vida humana no como un fin en sí misma, sino como un medio para hacer negocio y generar amplios márgenes de ganancia, aunque con ello desvirtúen la naturaleza misma de las investigaciones que dicen defender, cuyo propósito original debiera ser el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
Por añadidura, la circunstancia denunciada por la Ssa pone en relieve una ineludible responsabilidad del Estado para revertir una situación que afecta a todos los infectados de VIH-sida, pero sobre todo a aquellos pacientes que pertenecen a los sectores sociales más pobres. En efecto, la posibilidad de acceder a los medicamentos necesarios para hacer frente a esta enfermedad de manera más eficaz y digna depende en gran medida de cuestiones de índole social y económica. Significativamente, un estudio recientemente publicado en la revista médica británica The Lancet reveló que la esperanza de vida de los pacientes infectados con el virus del sida en los países desarrollados se ha incrementado en la última década y que la mortalidad por esa misma causa ha decrecido cerca de 40 por ciento mediante la administración de cocteles de antirretrovirales.
Por lo que hace a nuestro país, se estima que actualmente unos 180 mil mexicanos padecen este mal, aunque muchos de ellos son asintomáticos y la mayoría desconoce que se encuentra infectada, lo que hace suponer que, en el futuro, habrá más personas que requieran de la atención médica necesaria. Ante ello, cobra especial importancia la intervención de los aparatos estatales para garantizar el acceso universal, permanente y sustentable de la población a esos fármacos, así como la disposición de abordar la problemática mediante políticas de Estado efectivas. En particular, sería pertinente que las autoridades ajustaran la reglamentación correspondiente para que se permita la compra de antirretrovirales genéricos para el tratamiento del VIH-sida, como ocurre en países como Brasil y Sudáfrica. Esto no sólo permitiría al gobierno el ahorro de grandes sumas de recursos económicos, sino que también facilitaría el acceso de la población a dichos medicamentos.
Por lo demás, la complejidad del fenómeno hace necesario no sólo la reducción de los precios de los medicamentos para el tratamiento contra el VIH-sida, a fin de garantizar el acceso a ellos, sino también la configuración de estrategias de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y, en general, de campañas de educación que vayan acordes con las necesidades y las problemáticas de la actualidad.
En suma, es urgente que la lucha contra el VIH-sida sea abordada, en todos los frentes, con base en consideraciones de índole humanitaria y con un compromiso efectivo con la vida y el derecho de las personas a enfrentar dignamente esta enfermedad. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de procurar la salud y el bienestar de la población en general, aunque ello transite en sentido opuesto a los intereses corporativos de las grandes empresas farmacéuticas.