Usted está aquí: jueves 24 de julio de 2008 Opinión ¿2009, qué habría que esperar?

Jorge Carrillo Olea
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¿2009, qué habría que esperar?

Hacia julio de 2009 se proyectan una serie de meteoritos que hacen que el año natural entre hoy y las elecciones sea punto menos que imprevisible.

Hay condiciones internacionales que abonarán a ello, como las crisis financiera, energética y alimentaria, que irremediablemente tendrán y están teniendo ya efectos sobre la nación. El gobierno estadunidense ha rescatado financieramente a dos de los más grandes bancos del país, ¡increíble! Y España, ejemplo de prosperidad, está parada y sobrarían ejemplos.

Hay condiciones internas que abonan también hacia un empeoramiento de la situación, unas derivadas de las internacionales y otras con una oriundez indiscutible. Destaca entre las internas el tema de la criminalidad y llevamos ya dos presidencias, Vicente Fox y Felipe Calderón en las que se han hecho estrepitosas declaraciones de guerra al crimen organizado. Tal estrépito nunca se asoció con una estrategia de largo plazo, con un diseño y una planificación tanto regional como sectorial, no para ganar una guerra que nunca lo ha sido, sino para tener un control efectivo sobre la producción, tráfico y consumo de drogas. Seguimos la agenda estadunidense y carecemos de un Programa Nacional para el Control de Drogas, como el que se puso en vigor formalmente en 1992 y que el gobierno de Ernesto Zedillo, en su ánimo de destruir el pasado, nulificó.

Debe entenderse como uno de los factores internos de inestabilidad que vivimos y que se advierten, la conducción de la nación por un gobierno débil, inexperto y con un timorato temor a hacer cumplir la ley. Un gobierno que más que programas tiene compromisos pactados para lograr en 2006 ese 0.5 por ciento que lo llevó a la Presidencia.

Pronto aparecerá en el vocabulario común de los medios la palabra ingobernabilidad, que quizá con una generosa prudencia se entienda hoy como exagerada, pero si se observa la conducta independentista y cínica ante la autoridad presidencial de ciertos gobernadores, presidentes municipales y miembros del gabinete, que se contradicen entre sí y llegan a contradecir al propio Presidente de la República, habría que aceptar que por lo menos un sinónimo moderado de ingobernabilidad sería justo en su aplicación, tal vez indisciplina o falta de don de mando.

Sólo los voceros del gobierno en busca de un discurso rimbombante se atreven a externar que el país vive en un estado de derecho. El uso de este término está por hoy reducido a la academia e intelectualidad, para empleos teóricos de enseñanza, bien distintos a la calificación de cosas que estamos viviendo.

Las instituciones nacionales, salvo algunas, nunca fueron fuertes porque dependían de la autocracia del presidencialismo, pero no dieron pruebas de quiebra, porque no se les enfrentaba a los retos actuales. Al surgir las diversas formas de crisis o estados de emergencias, estás instituciones simplemente tronaron y el gobierno actual en año y medio de ejercicio no se ha percatado de que independientemente de atender la vida diaria tiene el deber, que es supremo, de reconstruir todo lo demolido y que no es atribuible exclusivamente a gobiernos del pasado, sino que los actuales panistas han hecho una muy rica aportación a la ineficacia, a la impericia y a modalidades sofisticadas e impunes de corrupción.

De manera tal que los 11 meses naturales de aquí a la elección intermedia de 2009 están destinados a sacudimientos nacionales y a observar cómo la devastación avanza ante la ineptitud de las autoridades y la irresponsabilidad de un sector importante de la clase política y empresarial, que es evidente que han ido por lo suyo, típico de las tesis del individualismo sobre las hoy olvidadas de la solidaridad y subsidiaridad.

 
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