Usted está aquí: viernes 18 de julio de 2008 Política Legisladores perredistas denuncian ante la PGR al director general del Cisen

■ Javier González Garza “suplica” a Guillermo Valdés dar nombres de involucrados con el narco

Legisladores perredistas denuncian ante la PGR al director general del Cisen

■ Lo acusan de revelar secretos, ejercicio indebido del servicio público e intimidación, entre otros delitos

Jesús Aranda

Ampliar la imagen Los legisladores perredistas Aleida Alavez y Javier González Garza al presentar la demanda penal contra el titular del Cisen Los legisladores perredistas Aleida Alavez y Javier González Garza al presentar la demanda penal contra el titular del Cisen Foto: Jesús Villaseca

La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados denunció ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, por los presuntos delitos de revelación de secretos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e intimidación, relacionados con las declaraciones que hizo el funcionario al diario Financial Times, en las que sostuvo que el narcotráfico habría financiado campañas políticas de miembros del Congreso.

El líder de los perredistas en la Cámara, Javier González Garza, dijo en entrevista que como integrante del Congreso de la Unión tenía la obligación de denunciar penalmente a Valdés por haber violado la legislación, además de que le “suplicó” que “dé los nombres; si no, lo vamos a correr”.

Entrevistado en la sede de la PGR a donde acudió a entregar la demanda, acompañado de la legisladora Aleida Alavez, González Garza dijo que “cualquier persona que forma parte de un colectivo como es el Congreso, se debe sentir agredida”, porque en las declaraciones que hizo Valdés al diario inglés “no se especifica de quién se trata” y destacó que, con su acción, los legisladores perredistas cumplieron con su responsabilidad de denunciar posibles ilícitos.

Dijo que la actitud del funcionario no es “ni didáctica ni educativa”, porque es el responsable de la seguridad nacional del país, y lamentó que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso –que él preside– no tenga las facultades legales para citar a comparecer al titular del Cisen para que aclare sus palabras.

En la denuncia que está dirigida al procurador Eduardo Medina Mora, se incluye el punto de acuerdo aprobado el pasado 8 de julio por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la que los legisladores le solicitaron al presidente de la República, Felipe Calderón, y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño la renuncia de Guillermo Valdés como titular del Cisen, “por carecer de la confianza de éste órgano legislativo federal”.

Los legisladores adoptaron esa decisión después de que se hizo público el contrato suscrito entre el Cisen y la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas por un monto de un millón de pesos, que presentaba una serie de irregularidades, lo que originó el reclamo de algunos legisladores por el tipo de información que recabó dicha empresa sobre senadores y diputados con el fin de elaborar una “encuesta”.

La denuncia penal añade que a unos días de que la Comisión Permanente hiciera el extrañamiento en contra de Valdés, éste actuó “de manera irresponsable” al hacer declaraciones “que ponen en riesgo la confianza e institucionalidad del Congreso mexicano y que no contribuyen a los objetivos de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, vulnerando la integridad de uno de los poderes de la Unión”.

Además de que el funcionario fue “omiso” en el manejo de la información a que tiene acceso con lo que vulneró la “secrecía” que exige su cargo y la legislación vigente.

Por su parte, la diputada Aleida Alavez añadió en entrevista que otro presunto delito en que incurrió el funcionario fue no denunciar penalmente los presuntos nexos entre el narcotráfico y las campañas de los legisladores, además de cometer el delito de intimidación en contra del Congreso por utilizar “la violencia moral” al “intimidar a los 628 legisladores” con sus declaraciones al Financial Times en el sentido de que las investigaciones sobre la cooptación de miembros del Congreso por los cárteles de la droga “apenas está comenzando”.

 
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