■ Niega funcionario del gobierno estatal intereses de González Parás
Inmobiliarias y terratenientes, los beneficiarios del Arco Vial Sureste
Monterrey, NL, 16 de julio. Los principales beneficiarios del proyecto Arco Vial Sureste son empresarios del ramo inmobiliario que ya acapararon entre 80 y 90 por ciento de la tierra urbanizable, aseveró Abel Guerra Garza, coordinador de Proyectos Estratégicos Urbanos del gobierno del estado, quien rechazó que el gobernador, José Natividad González Parás; el hermano de éste, Luis Francisco, o él mismo estén haciendo negocios al amparo de la mencionada obra.
Al hablar ante historiadores y cronistas de los municipios del estado, Abel Guerra dijo que el ex senador panista Luis Santos de la Garza posee la mayor extensión en la zona, pues cuenta con un rancho de mil hectáreas que, una vez que se realice el proyecto, dentro de un año, habrá aumentado su valor de 20 a 300 millones de dólares, suma que alcanzaría para financiar el costo global del proyecto, calculado en 2 mil 500 millones de pesos.
El Arco Vial Sureste es un eje carretero de 19.8 kilómetros con un túnel doble de mil 800 metros de longitud que atravesaría el cerro de La Silla, área estatal protegida. El proyecto es rechazado por vecinos de 10 comunidades aledañas y ambientalistas, quienes consideran que causará un grave daño ambiental, sobre todo porque recientemente se reveló que, como parte del proyecto, se construirá una “nueva ciudad” de 100 mil viviendas.
Guerra Garza preguntó: “¿Por qué no nos cuesta? ¿Cómo le hacemos para que ésta sea una obra autofinanciable y así liberar al gobierno de una gran inversión de 2 mil 500 millones de pesos? Porque esta zona, con eje carretero o sin él, se va a desarrollar. Como son terrenos rústicos, van a tener una gran plusvalía. De acuerdo con el Instituto Estatal de Evaluación costarán cien dólares por metro cuadrado”.
Argumentó que la principal avenida del estado, que conectará a los vecinos de esta zona con el resto del área metropolitana, hará que los terrenos que ahora valen dos dólares por metro cuadrado aumenten su valor a 30 dólares, y los propietarios sólo pagarán el equivalente a dos dólares en impuestos por mejoría específica: de esta forma “se van a ganar 26 dólares por metro cuadrado.”
Señaló que con el esquema aplicado en este proyecto –financiamiento con impuestos por mejoría específica, sin inversión pública– se acaba con la especulación que se generó con otras obras. La carretera al aeropuerto que hizo el gobierno pasado (del PAN) se realizó con el dinero público, y dueños de la zona se hicieron ricos.
“Aquí se acaba el problema. Estamos acostumbrados a que el gobierno use la información para beneficiar a los gobernantes; aquí la información es para beneficiar a los gobernados. El dueño del terreno paga el pavimento que todos los demás van a usar sin pagar peaje, y todo mundo gana.
“Los dueños de terrenos son los principales promotores de la obra.” Por eso, añadió, sus detractores “no pueden lograr una sola declaración en contra del proyecto y se agarraron a unos vecinos que están a 13 kilómetros (del túnel) y se oponen al desarrollo urbano”.
Guerra Garza aseveró que la carretera no afectará el medio ambiente porque la Semarnat puso múltiples condiciones.
Además, argumentó, si se autorizan fraccionamientos será responsabilidad de los municipios cuidar que no afecten las zonas que se deben preservar y que sólo se aprueben donde sea factible, áreas que, “con Arco Vial o sin él, se iban a desarrollar”.