Usted está aquí: viernes 11 de julio de 2008 Política Con engaños, empresa canadiense intenta explotar y degradar tierras de Chihuahua

■ Afectados informan que la trasnacional obtendrá ganancias por 3 mil millones de dólares

Con engaños, empresa canadiense intenta explotar y degradar tierras de Chihuahua

■ En todo momento ha contado con la complicidad de las autoridades, denuncian

Emir Olivares Alonso

Ampliar la imagen Agricultores y pobladores de Huizopa, Chihuahua, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar los estragos que ocasiona en la zona una empresa canadiense. En la imagen David de la Rosa, Luis Peña, Martín Patrón, Carlos Montemayor y Rosario Ibarra de Piedra Agricultores y pobladores de Huizopa, Chihuahua, ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar los estragos que ocasiona en la zona una empresa canadiense. En la imagen David de la Rosa, Luis Peña, Martín Patrón, Carlos Montemayor y Rosario Ibarra de Piedra Foto: Jesús Villaseca

Ejidatarios de la comunidad de Huizopa, municipio de Madera, Chihuahua, denunciaron que con engaños la empresa minera canadiense Minefinders los hizo firmar un contrato de usufructo para explotar por 16 años sus tierras sin que ello redunde en beneficio para los pobladores y sí en un deterioro ambiental irreversible.

En conferencia manifestaron también que el gobierno no los asesoró al respecto, por lo que ante la “inequidad” del acuerdo –la empresa pagó 39 millones de pesos para explotar por el tiempo referido las tierras de la zona, mientras que sus ganancias serán de 3 mil millones de dólares– desde el 24 de mayo pasado mantienen un plantón en la minera para exigir el compromiso de la compañía de crear un programa que respete el medio ambiente, un plan de desarrollo social y otro de desarrollo económico para la región.

Acompañados por la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, y por el escritor Carlos Montemayor, Luis Peña y David de la Rosa, representantes de la asamblea ejidal de Huizopa, señalaron que las autoridades –federales y locales– se han puesto de lado de los intereses de la minera extranjera, a tal grado que tres días después de instalado el plantón “fuimos reprimidos” por elementos del Ejército, policías federales y municipales.

Apropiación indebida de casi 4 mil hectáreas

No conforme con las ventajas que ha obtenido, la compañía canadiense se ha apropiado de casi 4 mil hectáreas cuando en el contrato se estipula que sólo tiene derecho a explotar mil 200. Esto ha ocasionado que la trasnacional haya propuesto trasladar a los pobladores hacia otro sitio, lo que ha sido rechazado por muchos, ya que esa decisión tiene que ser aprobada por la asamblea ejidial.

Los afectados informaron que mantienen un diálogo con los representantes de la minera, quienes se comprometieron a entregar el próximo lunes el proyecto que dé solución a las tres exigencias de los pobladores de Huizopa.

Denunciaron también que ni el gobierno ni la empresa canadiense les informaron de los daños que causa al ambiente y los recurso naturales de la zona el cianuro que usa la minera para la explotación a cielo abierto.

Carlos Montemayor resaltó que en años recientes las mineras canadienses han explotado suelo mexicano mediante “apropiaciones ilegales”, con la complicidad de las autoridades, que –inclusive les otorgan permisos pese a resoluciones judiciales en contra de las empresas.

“Hay una tendencia clara de las compañías mineras canadienses de devastar de la manera más salvaje y depredadora diversas regiones de países de gobiernos corruptos o vulnerables, como es el caso de México”, dijo el escritor.

Montemayor resaltó que la desorganización ciudadana alimenta “los despojos y la degradación” que causa este fenómeno al país, por lo que exhortó a todos los que se encuentran en una problemática similar –como los pobladores de San Luis Potosí, con la Minera San Xavier, y otras en Chiapas– a coordinar esfuerzos para que sus propuestas tengan mayor peso entre las autoridades.

Subrayó que se deben hacer peticiones constantes ante el parlamento canadiense, ya que cuenta con una normativa que obliga a las trasnacionales de su país a comportarse con los requerimientos mínimos de respeto a los derechos humanos cuando están fuera de Canadá.

Por su parte, Rosario Ibarra señaló que hay que reclamar a los gobernantes que sean “alcahuetes” de esos despojos, y se comprometió que desde el Poder Legislativo hará llamamientos a los parlamentarios canadienses para ponerlos al tanto de lo que está sucediendo en Huizopa y otras regiones del país.

 
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