Juventud divine tesoro
La tragedia del News Divine puede ser analizada con lentes partidistas, teniendo en la mira las elecciones del 2009. Estará reiterando el mayor defecto de la clase política: su incapacidad de ver más allá de sus narices.
Se puede, en cambio, avanzar desde otra perspectiva.
El país está marcado por dos guerras que se desarrollan en diversos planos, pero que tienen múltiples entrecruzamientos. De un lado está la guerra contra el crimen organizado y principalmente contra los narcotraficantes. Es el centro de la estrategia gubernamental. Sus resultados son inciertos, pero ha sido mejor emprenderla que soslayarla.
Hay otra guerra. Todos los gobiernos tienen un alto grado de responsabilidad. La responsabilidad se extiende a los poderes legislativos, aunque un altísimo grado de responsabilidad le compete al Poder Judicial y al aparato de procuración de justicia: jueces, Ministerio Públicos, policías.
Esta guerra en nombre del orden se ha estado librando en contra de las y los jóvenes en bloque. Su forma más evidente son los operativos lanzados en contra de antros y de actos al aire libre. Debe recordarse la enorme cantidad de raves que han sido violentamente interrumpidos. Esta criminalización de la juventud tiene varias expresiones. Está fuertemente sesgada por razones de clase social y de aspecto físico. La presencia ignominiosa de los “cadeneros” es una muestra de discriminación invertida. Deja en manos de policías y jueces lo que se ha convertido en una fuente jugosa de robo y extorsión y en un ámbito de vejaciones inimaginables.
Sumadas a estas agresiones está la parálisis económica que ha afectado desproporcionadamente a los jóvenes, lanzándolos al desempleo, al empleo informal, a la migración o de plano a las actividades delictivas.
En la tragedia del News Divine están presentes todos estos elementos. ¿Debe haber sanciones severas? Desde luego. Algunos funcionarios deben ser cesados y otros llevados a juicio penal.
Otras sanciones políticas deberían ser hechas por lo partidos políticos que están en el gobierno, independientemente de las responsasbilidades administrativas y penales en las que haya incurrido el delegado de Gustavo A. Madero, debería ser sancionado por su partido (PRD) por su grotesco acto de autoapoyo en medio de la tragedia. Sobre el secretario de seguridad púiblica se enfilan muchos de los ataques, todos ellos cargados de significación política. No sólo porque ha sido un funcionario eficiente, sino porque su nombramiento es competencia del Presidente de la República. Independientemente de la carga política que conlleve su remoción, lo que se cuestiona es la visión con la que se combate el narcomenudeo.
Hay otro tema estrechamente vinculado. Es claro que los dueños de este antro estaban infringiendo las leyes y reglamentos. Deberían ser severamente sancionados penalmente como cómplices de la tragedia. Más aún debería responderse con una campaña contundente, clausurando la enorme cantidad de antros ilegales que pululan por toda la ciudad.
Finalmente, un ámbito que trasciende a la ciudad pero la incluye. Es necesario debatir seriamente la necesidad de despenalizar ciertas drogas y particularmente establecer una clara distinción entre los consumidores y los distribuidores de drogas.
Se necesita de la más amplia participación ciudadana. Sobre todo de las y los jóvenes.
La respuesta política del gobierno de la ciudad de México debe ser contundente en el castigo a culpables y responsables, para después lanzar una amplia consulta popular que desemboque en un mecanismo plebiscitario. Se buscaría legitimar una estrategia cuyo centro sea el rescate de los espacios públicos para todos los ciudadanos, pero sobre todo para los jóvenes. Sería además una excelente manera de celebrar los 40 años del movimiento estudiantil de 1968.
PD: Por cierto que la consulta que propongo no es en vez de, sino además de la consulta sobre la reforma petrolera.