Ley de amnistía
Desde hace varias décadas el desarrollo social de nuestro país se ha deteriorado a niveles dramáticos. En la actualidad emigran al año cerca de 2 millones de connacionales a Estados Unidos, ya que aquí se les ha negado el derecho fundamental a una vida digna. Los abusos de autoridad, combinados con la pobreza, que se extiende por todo el territorio nacional, son, si no se actúa con sensibilidad y responsabilidad, una combinación muy peligrosa. Por si fuera poco, y como han denunciado oportunamente organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la procuración e impartición de justicia no progresa. Incluso, señalan estos organismos, se encuentra anquilosada como hace 30 años.
En este contexto, para obtener de los gobernantes respuestas a sus necesidades, la protesta social se ha convertido en uno de los principales ejes de acción de la población. Ante dichas protestas, y la falta de capacidad de respuesta de las autoridades, se ha colocado a la gente que ejerce su derecho a la protesta social pacífica como el enemigo a enfrentar, por lo que se le difama, persigue y sanciona, teniendo como consecuencia la existencia de presos políticos.
En los últimos diez años la persecución de líderes sociales se ha intensificado en el país. Hoy superan, según cifras del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), la cantidad de 900 presos políticos. Debemos recordar que el FNCR se reagrupó el 2 de octubre de 2007, y que en él convergen organizaciones sociales, campesinas, sindicatos, académicos, intelectuales, artistas, legisladores y población en general, cuya pretensión es la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos y la anhelada justicia para las familias y víctimas de la represión.
La presencia cada vez mayor de presos políticos, como es evidente en los casos de Chiapas, Oaxaca y Atenco, ha reactivado acciones de lucha que permitan encontrar instrumentos que conduzcan a la reconstrucción del tejido social, roto por la injusticia y la impunidad.
Así, la diputada Aleida Alavez Ruiz presentó el pasado 30 de abril en la Cámara de Diputados, en nombre del FNCR y de los partidos políticos que constituyen el Frente Amplio Progresista (FAP), la Iniciativa de Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos, la cual, por instrucciones de la mesa directiva, se pretendía turnar a las comisiones de Gobernación y Justicia, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, lo que sin lugar a dudas tenía como objetivo enviar la propuesta a la congeladora. Sin embargo, por la oportuna intervención del FAP, se remitió únicamente a la Comisión de Gobernación, que preside el panista Diódoro Carrasco Altamirano.
Cabe señalar que, previamente a su presentación, diputados federales y senadores, como doña Rosario Ibarra de Piedra, visitaron a muchos de los presos políticos en los centros penitenciarios, para comentar con ellos la propuesta, a la que accedieron, en aras de fortalecer la lucha social.
Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en nuestro país. Desde la lucha por la Independencia encontramos esta figura, cuando el 15 de octubre de 1810 las cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el cuarto Congreso Constitucional, y Anastasio Bustamante, entonces presidente de la República, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.
Otro caso se registró en septiembre de 1978, cuando diversas organizaciones sociales, agrupadas en el FNCR de ese entonces, lograron que el Congreso de la Unión aprobara una ley de amnistía, que se aplicó en distintas etapas en el curso de ese y el siguiente año. La última vez que se expidió una amnistía fue para el caso del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994.
La actual iniciativa contiene dos objetivos fundamentales: la libertad de los presos políticos y la presentación de las víctimas de desaparición forzada. El proyecto tiene entre sus prioridades abarcar todo tipo de delitos, no sólo los de carácter político. Pueden incluirse asimismo a las personas que de actuaciones ministeriales o judiciales se desprenda que el delito o los delitos que se les imputan se encuentran vinculados con móviles políticos o sociales.
El reto mayor al que se enfrenta la petición de amnistía será argumentar la existencia de presos y desaparecidos políticos, pues, como es de conocimiento público, el gobierno federal pretende negar su existencia. Sin embargo, a la luz de las mesas de intermediación entre la Secretaría de Gobernación y la comisión de intelectuales, para la presentación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este discurso no puede sustentarse más.
Es importante señalar que esta iniciativa no implica la petición de perdón, sino un esfuerzo de la sociedad por recomponer el pacto social. Tampoco se trata de una amnistía planteada, como en el caso de las Leyes de Punto Final en Argentina, o como la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de Uruguay, que impiden el castigo a militares y civiles que cometieron violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras castrenses.
Las comisiones del FNCR que impulsan esta ley esperan que a la brevedad se establezca un acercamiento con la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para alentar su dictaminación.