■ Los relevan un militar y un ex colaborador de Patricio Chirinos
Destituyen al procurador y al titular de la SSP de Veracruz
■ El gobierno estatal invita a los ex funcionarios a ser consultores especiales
Jalapa, Ver., 23 de junio. El secretario de Seguridad Pública del estado (SSP), Juan Manuel Orozco Méndez, y el procurador de justicia, Emeterio López Márquez, fueron destituidos esta noche durante una reunión del gabinete de seguridad que presidió el gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Los ahora ex funcionarios fueron invitados para ser “consultores especiales” del gobierno estatal, anunció el gobernador.
Al frente de la SSP fue nombrado el general y ex comandante de la sexta Región Militar, Sergio López Esquer, mientras Salvador Mikel Rivera, quien fue secretario de Gobierno durante la administración de Patricio Chirinos Calero, será propuesto al Congreso del estado como nuevo procurador.
En la reunión, realizada en palacio de gobierno, Herrera Beltrán notificó sobre las “dimisiones” de ambos funcionarios, ocho días después de que fue encontrado el cadáver de la joven Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, a la orilla de la autopista Orizaba-Puebla, luego de haber sido secuestrada por un comando el 12 de junio, pese a que el padre de la víctima, el empresario Luis Reyes Larios, propietario de la Universidad del Golfo de México, habría pagado 1.5 millones de dólares por el rescate.
A pesar de la creación de una fiscalía especial, no se ha detenido a los responsables y las líneas de investigación son confusas, así como los resultados de la necropsia, lo que ha desatado una ola de rumores sobre los motivos de su asesinato.
A Emeterio López Márquez también se le atribuyen los errores en la investigación de la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, ocurrida el 26 de febrero del 2007, tras ser supuestamente atacada por un grupo de soldados.
En tanto, Orozco Méndez, general brigadier retirado, fue nombrado secretario estatal de Seguridad Pública en noviembre del 2005. Dirigentes de partidos de oposición y grupos empresariales lo acusan de no haber actuado ante el aumento de la delincuencia en el estado.
Durante su gestión fueron asesinadas más de 100 personas y por lo menos 20 policías.