Reunión del Consejo de Seguridad
El caso de los cubanos –interceptados por un grupo armado para evitar su traslado a una estación migratoria– fue analizado ayer en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional.
De acuerdo con fuentes consultadas, los máximos responsables en la materia, así como el titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, estudiaron también el grado de participación de funcionarios públicos en el hecho ocurrido en la frontera sur (Chiapas).
El INM reportó en 2006 la detención de 2 mil 660 cubanos en estaciones migratorias, pero sólo registró la expulsión de 336; esta relación permanece en términos similares hasta el corte de abril de este año.
La reunión privada de los integrantes del consejo (conocido también como gabinete de seguridad), realizada en la Secretaría de Gobernación (SG), duró casi tres horas y el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue el último en abandonar Bucareli, cerca de las 11 de la mañana.
Como en otras sesiones, fue expuesta una evaluación de los operativos contra el narcotráfico en diversas entidades del país pero resultó de interés el asunto de los cubanos.
A la sesión del gabinete de seguridad asistieron los titulares de Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General de la República, Seguridad Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el secretario de la Función Pública.
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, funge como secretario ejecutivo de esa instancia de coordinación nacional, bajo el apoyo de Sigrid Arzt, secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, ex asesora del Cisen y quien desde la etapa de transición es asesora en esta materia de la Presidencia de la República. No hubo información oficial de la reunión.
La Jornada difundió el 10 de diciembre pasado que el gobierno mexicano no cuenta con información precisa sobre el flujo de cubanos –con o sin documentos– que pasan por territorio nacional para llegar a Estados Unidos.
Lo anterior –informó este diario– a pesar de que expide cada año miles de “oficios de salida” a ciudadanos de ese país, documentos que se convierten en una especie de pasaporte para abandonar México por el punto que elijan sin que alguna autoridad del INM o policial los moleste.