Usted está aquí: lunes 9 de junio de 2008 Política Admite tribunal administrativo amparo del CCE contra el código federal electoral

■ Según el organismo cúpula, el Cofipe atenta contra “la libre manifestación de las ideas”

Admite tribunal administrativo amparo del CCE contra el código federal electoral

Julio Reyna Quiroz

Un tribunal administrativo admitió el amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra las reformas al código electoral que prohíben a organizaciones privadas la contratación de mensajes político-electorales en radio y televisión.

El organismo cúpula del sector privado informó este domingo que el 14 tribunal en materia administrativa del primer circuito “declaró procedente” el amparo y ordenó a un juez de distrito revisar el fondo del asunto, quien emitirá la sentencia correspondiente el 31 de julio.

El CCE afirmó que la base del amparo interpuesto es la inconstitucionalidad de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que a su juicio resultan violatorias de las garantías individuales.

Las acciones legales en este asunto “buscan defender la libre manifestación de las ideas y la libertad de asociación en materia política”, manifestó el CCE.

Añadió que la resolución del tribunal es de “gran importancia, pues establece que los juicios de amparo sí proceden contra leyes del Congreso de la Unión en materia electoral que resulten violatorias de las garantías individuales”.

Las reformas al código electoral aprobadas en diciembre prohíben a las organizaciones privadas contratar propaganda en favor o contra algún candidato o partido.

En mayo, el Instituto Federal Electoral juzgó culpable al CCE por difundir mensajes con contenido electoral en los comicios de 2006, e incidir así contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, ello no implica multas o sanciones, porque el Instituto Federal Electoral, encargado de organizar los comisios, se encuentra impedido de aplicarlas, toda vez que durante el proceso electoral regía un marco legal en el que no era posible sancionar a particulares.

La concesionaria Televisa también fue encontrada culpable por haber difundido la campaña proselitista del CCE.

 
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