Editorial
Seguridad: acierto y obstinación
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juan Camilo Mouriño, calificó ayer de “inaceptables” las condiciones planteadas por el legislativo estadunidense en el contexto del acuerdo bilateral de combate al narcotráfico y la delincuencia llamado Iniciativa Mérida o Plan México. En una declaración sobre el tema, el funcionario afirmó que “la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu, y contraproducente”.
Para poner el hecho en contexto, ha de recordarse que el Senado de la nación vecina pretende imponer una serie de requisitos para la entrega al gobierno mexicano de los fondos de dicho acuerdo, entre los que destacan la certificación, por parte del Departamento de Estado estadunidense, del inicio de “reformas legales y judiciales” en nuestro país, y el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”.
En efecto, tales condicionamientos son inaceptables por cuanto resultan contrarios a la soberanía nacional: permitir que un país extranjero realice el escrutinio de las fuerzas armadas mexicanas implica una escandalosa renuncia a las obligaciones básicas del Estado en materia de seguridad nacional; por otra parte, la solicitud de que una instancia del gobierno de Washington apruebe o desapruebe el desempeño de México en ámbitos como los derechos humanos y el combate a la corrupción constituye un intento por volver a los vergonzosos procesos de “certificación”, vigentes hasta hace unos años, por medio de los cuales el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, e incluso los empleaba como forma de ejercer presiones intervencionistas.
La pretensión del país vecino de arrogarse el derecho de calificar a otros países siempre fue rechazada, en forma correcta, por el gobierno mexicano, y habría sido totalmente inaceptable que la presente administración se sometiese, en la materia que fuera, al escrutinio y la certificación de Washington. En ese sentido, resulta acertada la postura del gobierno mexicano al respecto, expresada por conducto del titular de Gobernación.
Por lo demás, la circunstancia de violencia creciente por la que atraviesa el país, y las manifestaciones cada vez más recurrentes del enorme poderío de las organizaciones criminales, hacen suponer que de poco o nada servirán los acuerdos bilaterales en el combate al narco, ni los correspondientes apoyos económicos, en tanto no se dé un viraje en la política de seguridad del gobierno federal. Al respecto, el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que el rumbo que su gobierno ha seguido en la lucha contra crimen organizado, no obstante las críticas recibidas, “es la estrategia correcta”, y que “no es la acción del gobierno la que genera la violencia, sino es la violencia la que ha obligado a la acción inmediata y decidida del gobierno”. Los asertos presidenciales, sin embargo, pasan por alto que violencia y delincuencia tampoco son causas, sino efectos, y que la política de seguridad de su gobierno acusa una profunda insensibilidad respecto de sus factores originarios: pobreza, marginalidad, falta de empleo y educación, descomposición del tejido social, y una política económica que propicia la obscena concentración de la riqueza en unas cuantas manos, las aperturas salvajes de los mercados nacionales y el derrumbe de las políticas sociales.
Ante esto, es pertinente demandar al gobierno calderonista que así como rechaza, en forma acertada, los condicionamientos injerencistas de la Iniciativa Mérida, reconozca que es urgente un viraje en su estrategia de seguridad, la cual no ha abonado a la solución del problema –por el contrario, ha propiciado la intensificación de la violencia y el agravamiento sostenido de la inseguridad que padece la ciudadanía– y, al no ser acompañada de intentos efectivos de combatir las causas profundas de la delincuencia, parece destinada al fracaso.