■ De 2.5 millones de demandas de amparo, sólo ha habido sentencia en 200 casos
Reactivarán protestas contra Ley del ISSSTE, en espera del fallo de la Corte
■ La Unión de Juristas de México denuncia ineficacia del Poder Judicial para atender la situación
En 14 meses de manifestaciones en contra de la nueva Ley del ISSSTE se han interpuesto 2.5 millones de amparos ante las autoridades judiciales, de los cuales sólo se han dictado sentencias para 200. “Esto refleja la actitud de desprecio al reclamo popular”, sostuvo Eduardo Miranda Esquivel, miembro de la Unión de Juristas de México.
El Estado jamás previó la magnitud de la inconformidad social contra dicha ley, ya que 80 por ciento de los trabajadores al servicio del Estado han recurrido al amparo. “Nosotros ya ganamos, porque hemos puesto al descubierto la ineficacia del Poder Judicial”, abundó.
Agregó que a partir de este martes las personas que interpusieron amparos, con el apoyo de algunos sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores y de diversas organizaciones sociales, iniciarán “plantones itinerantes los martes y jueves” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, en espera de que a más tardar el día 12 la autoridad responda a la exigencia de abrogar esa ley y haya una solución a los amparos.
Si no hay respuesta, el 13 de junio más de 600 organizaciones llevarán a cabo una marcha del Monumento a la Revolución a la SCJN, donde instalarán un plantón por tiempo indefinido, al que se sumarán paros y una huelga nacional el primero de septiembre, dijo en conferencia de prensa.
Propaganda y represión
Denunció que hace algunos días las autoridades del ISSSTE emprendieron una campaña “terrorismo de Estado”, ya que envían por correo a domicilios particulares la propaganda: “¿Ya viste lo del ISSSTE?, actualiza y compara”, en la cual resalta que los trabajadores “tienen libertad de escoger el régimen de pensiones que más les convenga” y, en contubernio con algunos gobiernos estatales –el de caso San Luis Potosí y Puebla–, retienen el talón de pago de los trabajadores hasta que elijan una opción de pensión, y en el Colegio de Bachilleres y el Instituto Politécnico Nacional están levantando actas administrativas por “desacato”.
Acompañado de otros integrantes de la Unión de Juristas, Miranda Esquivel comentó que el plazo fijado por el Congreso de la Unión para definir las opciones de jubilación vence el 30 del mes en curso, y aunque las autoridades “hablan de una prórroga, no es viable, ya que son los legisladores los que deben establecerla. Es su estrategia de defensa en contra de los millones de amparos”, manifestó.
Indicó que los trabajadores agotarán todas las instancias legales y por eso acuden al diálogo con el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien se comprometió a instalar una mesa con la Secretaría de Gobernación para estudiar el caso. “Estamos obligados a negociar y a seguir todos los cauces legales para que el pueblo se desengañe”, planteó el jurista.
Si con algunos cuantos casos la SCJN sentara jurisprudencia para resolver todos los amparos interpuestos, eso –apuntó– daría oportunidad al movimiento social que se opone a la Ley del ISSSTE a acudir a organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo e incluso Amnistía Internacional para exigir que el Estado restituya los derechos de los trabajadores.
El sindicalista Eduardo Pérez Saucedo explicó que con dicha ley la pensión de los trabajadores se reduce en casi 50 por ciento, ya que de 6 mil pesos –en promedio– mensuales disminuye a 3 mil 034 pesos; los empleados estarán obligados por las normas establecidas a laborar diez años más, y las pensiones de viudez y orfandad prácticamente desaparecen, ya que si el derechohabiente no ha cotizado al menos 15 años, su familia no tiene derecho a esas prerrogativas marcados en la ley anterior.