■ Hoy, crucial referendo autonómico en los departamentos bolivianos de Beni y Pando

Pretende devolvernos al feudalismo el estatuto beniano, dice catedrático

■ Denuncia Nelson Yáñez “persecución permanente” contra quienes cuestionan el contenido del texto

■ La derecha propina golpizas a funcionarios y civiles que se oponen a los plebiscitos ilegales, acusa

Rosa Rojas (Corresponsal)

Trinidad, 31 de mayo. El estatuto autonómico departamental de Beni “pretende volvernos al feudalismo” en materia agraria y concentrar en la prefectura –o futura gubernatura– el poder y atribuciones que quiere quitarle al gobierno central, denunció el ex presidente del Comité Cívico de Trinidad, Nelson Yáñez, director de la carrera de derecho en la Universidad Autónoma del Beni.

Hay “una persecución permanente” contra quienes se han atrevido a cuestionar el contenido del estatuto, lo cual incluye 102 organizaciones campesinas, indígenas, de universitarios, de mujeres, la Central Obrera Departamental, las federaciones de juntas vecinales de Riberalta, San Ignacio y Trinidad, entre otras, que lo analizaron durante un encuentro realizado los días 13 y 14 de mayo, acusó en entrevista con La Jornada.

Como ejemplo de lo anterior, mencionó la golpiza que algunos “empleados municipales” le dieron al candidato a presidente del comité trinitario, Maisten Veizaga, el día de la elección de la nueva directiva, la semana pasada.

“El alcalde (de Trinidad, capital departamental) convocó a los empleados públicos a tomar nuestras oficinas; ellos golpearon a Veizaga, lo tuvieron que llevar a una clínica en Santa Cruz, eligieron dizque por aclamación en un Comité Cívico “paralelo” a un señor Monasterio y saquearon nuestras oficinas”, afirmó.

Se acusa de ser militantes del gobernante Movimiento al Socialismo a quienes han criticado la forma en que se elaboró este estatuto, “por parte de un grupo de empleados de la prefectura” beniana, “sin consultar a las organizaciones sociales”, buscando descalificarlos por haber declarado que el estatuto es “ilegítimo, ilegal, retrógrado, antidemocrático y antiautonómico”, indicó Yáñez.

Las organizaciones que cuestionaron el estatuto en Beni –entre ellas las federaciones de Profesionales, de Fabriles de Riberalta, de Gremiales, Universitaria, pastorales Indígena de San Borja y Juvenil de Trinidad– llamaron a “no validar” el proceso y no participar en el referendo de este domingo, “con una abstención movilizada”.

Yáñez Roca, quien la semana pasada concluyó dos periodos –cuatro años– al frente del Comité Cívico de Trinidad, criticó la “falta de sinceridad” de quienes redactaron el estatuto. “Si quieren un estado independiente, que lo digan”, porque “nosotros queremos autonomía para unir al país, no para dividirlo; una autonomía para acabar con los privilegios, no para mantenerlos”, subrayó.

Explicó que el estatuto –del cual existen cuatro versiones y “no se sabe por cuál se va a votar”, porque la pregunta que aparece en la papeleta del referendo se refiere al aprobado el 15 de diciembre, que es el original– “no reconoce ningún marco legal, ni la Constitución vigente ni el proyecto de nueva Constitución “ni ninguna ley que le ponga límites ni ningún tipo de control social”.

Agregó que los artículos del estatuto sobre la tierra no reconocen la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria y los preceptos sobre los indígenas, y “no reconocen ni los tratados internacionales”.

Eso puso en alerta total a los pueblos indígenas. Beni tiene el mayor número de ellos, 18 o 19 por ciento, dijo Yáñez, así como a los campesinos, ya que el estatuto departamental elimina la “función económico social” que deben cumplir las grandes propiedades ganaderas –si hay maquinaria, si hay un número de cabezas de ganado, la forma en la que se trabaja– y sólo dejan la “función social”, que es para la pequeña propiedad campesina, “y sólo que tú la trabajes con tu familia, y con eso volvemos al feudalismo”.

Según el estatuto, agregó el catedrático, la prefectura va a elegir magistrados, jueces, fiscales, al defensor del pueblo. “Se dan 32 atribuciones sin ningún control legal ni social y sin decir de dónde va a salir el dinero para atenderlas, porque en Beni no hay grandes empresas ni grandes recursos; sólo hay grandes ganaderos que no quieren pagar impuestos”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el Beni 10 familias poseen 534 mil 795 hectáreas –entre ellas la del senador Walter Guiteras, quien fue ministro del gobierno del ex dictador Hugo Bánzer en su periodo “democrático”, y del prefecto Suárez Sattori–, ambos de la derechista alianza opositora Poder Democrático y Social.

La familia Llapiz posee un total de 23 predios con 98 mil 584 hectáreas y fracción; los Guiteras, 11 predios con 73 mil 536 hectáreas; los Sattori, ocho predios con 23 mil 340 hectáreas más 16 con 79 mil 851 hectáreas ya mensuradas; los Bruckner, 40 predios con 126 mil 554 hectáreas; los Salek, un predio con 50 mil 697 hectáreas.

Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, Luis Rebollo, planteó en entrevista que en Beni se ha incrementado “el terror político” porque cada vez hay más “odio racial y exclusión”, pues “se amenaza a quienes disienten y “los empleados del municipio destruyen la propaganda de quienes se oponen al referendo” sobre el estatuto. Añadió que hay “alta probabilidad” de fraude electoral en el referendo, ya que no hay un mecanismo de control sobre la votación.

El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, en rueda de prensa minimizó la información sobre los bloqueos que en algunas zonas del departamento realizan grupos que rechazan la consulta. Citó de ejemplo que en la provincia Ballivián, en Puente San Pablo, “hay sólo 27 electores” y en Yucumo “se sustrajo algún material electoral, pero la Corte Electoral Departamental ha tomado medidas”.

Afirmó que “lo que el gobierno (del presidente Evo Morales) quiere es tratar de generar un ambiente adverso” para que la gente no acuda a votar, pero “no va a haber enfrentamientos, va a ser una fiesta democrática”.