■ Uso de brazaletes, parte del nuevo modelo de justicia restaurativa
Facultan al MP de Coahuila a intervenir comunicaciones privadas de inculpados
Saltillo, Coah., 17 de mayo. El Congreso del estado aprobó una iniciativa enviada por el gobierno estatal que faculta al Ministerio Público (MP) a intervenir comunicaciones privadas contra inculpados y personas que puedan aportar datos para esclarecer un delito.
También extiende la posibilidad de que el MP resuelva, sin llegar a juicio, hasta 80 por ciento de las quejas y denuncias por delitos no considerados graves.
Lo anterior será posible mediante un mecanismo de justicia restaurativa, en el que al- gún acusado recibiría penalidad menor en caso de que asuma la culpa y garantice la reparación del daño que provocó.
Los delitos considerados en el citado beneficio legal son lesiones levísimas, leves dolosas, culposas, robo simple, conducir en estado de ebriedad, daños culposos, incumplimiento de obligaciones básicas familiares, amenazas, injurias y cohecho.
Jesús Torres Charles, procurador estatal de Justicia, explicó que en 2007 el MP consignó a los juzgados estatales unos 12 mil casos correspondientes a los citados delitos y señaló que con el modelo de justicia restaurativa unos 9 mil 600 casos se resolverían dentro de la averiguación previa en forma expedita y sin generar cargas al sistema judicial.
Francisco Saracho Navarro, coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, explicó que al aplicar el “principio de oportunidad”, el MP adquiere facultades para determinar “el no ejercicio de la acción penal o consignar solicitando pena reducida en delitos no graves”.
Así, sólo “se ejercitaría acción penal en aquellos delitos que afectan a la sociedad”.
Cuando un delincuente aporte información que permita a las autoridades resolver un caso más delicado, recibiría un castigo menor, siempre y cuando garantice la reparación del daño a satisfacción de su víctima.
Otro aspecto novedoso es la posibilidad de que la Procuraduría de Justicia emplee brazaletes electrónicos para decretar arraigos.
La nueva legislación concede a la procuraduría del estado la posibilidad de intervenir hasta por seis meses comunicaciones privadas con la autorización de un juez contra inculpados y personas que puedan aportar datos para comprobar un delito.
Las comunicaciones a las que se refiere son: oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos electrónicos, eléctricos, mecánicos, alámbricos, inalámbricos, sistemas de cómputo o equipos informáticos; así como cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores”.