Soberanía Energética Soberanía Alimentaria

• Privatizar PEMEX despojaría de recursos públicos al desarrollo rural
• Fundamental, recuperar la capacidad de producción de fertilizantes

Lourdes Edith Rudiño

Movilización Nacional Campesina en Defensa de la Soberanía Alimentaria y Energética de México, 31 de enero de 2008. FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC

La soberanía alimentaria y la soberanía energética están estrechamente vinculadas, y en ese sentido la defensa de Petróleos Mexicanos (PEMEX), del intento de privatizar y trasnacionalizar su renta, es también la lucha por preservar recursos públicos para la capitalización del agro y para inducir que la paraestatal recupere su capacidad de proveeduría de insumos energéticos a precios justos, propios de un país petrolero, que impulsen la producción y la productividad del campo. Dirigentes campesinos y sindicales coincidieron en ello.

“Defender PEMEX como patrimonio nacional es defender la posibilidad de inversiones estructurales para el desarrollo del campo mexicano. Si la renta petrolera se privatiza a favor de las grandes empresas extranjeras, el Estado mexicano no podrá seguir canalizando parte de esa renta (vía el presupuesto federal) hacia el desarrollo rural. Y si esta inversión para el campo, que de por sí es exigua y mal aplicada, se suprime, la viabilidad del campo mexicano será cancelada”, advirtió Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

El Pacto, instrumento clave. Fernando Amezcua, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ponderó el Pacto por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, firmado en marzo, pues desde esta plataforma, campesinos, sindicalistas y organizaciones civiles defenderán la potencialidad del agro nacional para atender las necesidades alimentarias domésticas y vinculado a ello la permanencia de PEMEX como patrimonio nacional y proveedor de energía para el agro.

Según Rogelio Alquiciras, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la condición actual de energéticos al alza –con diesel, gasolina, fertilizantes, fletes encarecidos para el agro— debería ser estímulo para regular a las multinacionales que especulan y controlan la cadena de producción alimentaria y para recuperar la capacidad interna de producir fertilizantes (mismos que hoy se importan muy caros desde Rusia).

Pero ello está muy lejos de la intención de la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón, “Si empresas extranjeras llegan a apropiarse de la producción de insumos energéticos, vamos a tener consecuencias funestas... todo está íntimamente ligado; las grandes corporaciones están también en la producción de agrocombustibles, y grandes volúmenes de granos van a ese uso. Esto nos lleva a una escasez de reservas de granos en el mundo, a una elevación de precios de los granos y a una vulnerabilidad en el abasto alimentario del país.

Víctor Suárez detalló: “México, que desmanteló sus plantas productoras de fertilizantes en los años 90s, importó fertilizantes por mil millones de dólares tan sólo en 2007. Los precios de estos insumos procedentes del petróleo se han incrementado en más de 300 por ciento entre 2000 y 2008” , lo cual, aunado a aumentos en otros insumos, como las semillas, de 180 por ciento en el mismo lapso, limita seriamente la actividad de los productores pequeños y medios.

Insumos a precios competitivos. Según Suárez, defender PEMEX es punto de partida para inducir que los insumos derivados del petróleo y asociados a las cadenas agroalimentarias (en producción, procesamiento, transporte y distribución) se comercialicen a precios competitivos a favor de estas cadenas, pues debe establecerse en el país una política que reconozca la importancia estratégica de la producción alimentaría, como tema de seguridad nacional. “Los precios preferenciales darían rentabilidad a los productores agroalimentarios y estabilidad a la oferta y precios al consumidor”.

Alquiciras coincidió con José Narro, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), en que preservar PEMEX como patrimonio nacional es algo de interés campesino evidente. Muchos de los campos petroleros, sobre todo en el sur-sureste, están asentados en comunidades y ejidos, y hay reclamos en Campeche y Tabasco de que la extracción petrolera provoca degradación ambiental y contaminación. Estas demandas no han sido atendidas y si se privatiza PEMEX serán aún menos escuchadas, lo cual acrecentará la inconformidad social. “Conocemos el desinterés del capital privado sobre el medio ambiente”, dijo Alquiciras.

Para los dirigentes campesinos, el argumento de los funcionarios calderonistas de inyectar recursos financieros a PEMEX, vía la apertura a capital privado, es falaz. “Hay suficiente capital para invertir en PEMEX y modernizarlo, pero no hay transparencia en los recursos. Sabemos que hay millones y millones de dólares que están ingresando gracias al incremento de los precios del petróleo, pero no sabemos adónde va ese dinero; se especula que a gasto corriente”, dijo Alquiciras.

Fondo social. La Confederación Nacional Campesina (CNC) ha expresado con vigor su rechazo a la reforma energética. Su líder moral, Heladio Ramírez, como cabeza de legisladores priístas del medio rural, ha afirmado que los problemas técnicos y financieros de PEMEX pueden solucionarse mediante un proceso gradual de aumento en sus inversiones y despetrolizando las finanzas públicas.

El presidente de la CNC , Cruz López, promueve el plan de un “fondo de inversión social energética”, que pretende atraer hasta 55 mil millones de pesos del bolsillo de los productores agrícolas, y recursos adicionales de Afores y de otras fuentes de capital social, para financiar la modernización de PEMEX, de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza el Centro. Todo, en contraposición a la intención privatizadora del Ejecutivo.